La ONU advirtió hoy de la inconsistencia del marco legislativo de Argentina con el principio del igual reconocimiento ante la ley de las personas con discapacidad, aunque reconoció que el Gobierno tiene “voluntad política” para avanzar en esta materia.
La relatora para Argentina del Comité de la ONU sobre Derechos de Personas con Discapacidad (CDPD), Ana Peláez, hizo esta reflexión tras el examen al que se sometió el Estado sudamericano en el marco de la VIII sesión de esta instancia, que supervisa el cumplimiento de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad.
“En Argentina hay una inconsistencia, tanto en la legislación anterior a la ratificación de la Convención en 2008, como en la legislación aprobada a partir de ese momento, que tiene que ver con ese principio fundamental del igual reconocimiento como persona ante la ley”, explicó la relatora a Efe.
Peláez afirmó que “hay una gran voluntad política” para revertir esta situación, pero agregó que si no se consagra de manera efectiva “la consideración real en igualdad de las personas con discapacidad con el resto de la ciudadanía, todo lo demás falla”.
“Esta es la principal preocupación que tiene el Comité”, indicó Peláez, que aseguró que ese principio fundamental de igualdad real ante la ley “se está violando, y es algo que se tiene que corregir”.
Agregó que uno de los problemas que afronta Argentina es “la compleja estructura federal del Estado”, lo que dificulta la aplicación de una legislación acorde con la Convención, y abogó por una mayor participación de las personas con discapacidad en las instancias ejecutivas de las políticas que les afectan.
En nombre del Gobierno argentino, Raquel Tiramonti, presidenta de la Comisión Asesora para la Integración de las Personas con Discapacidad, afirmó que el Estado “nunca ha planteado una situación de excelencia, sino más bien una situación realista del país con respecto a la discapacidad”.
“Sabemos los pasos a dar, pero también estamos muy satisfechos del esfuerzo que se está haciendo para que la Convención no solamente podamos cumplirla, sino que la socialicemos para que sea un libro de cabecera”, manifestó a Tiramonti a Efe.
La representante argentina indicó que hay mucho trabajo por hacer en temas como accesibilidad y educación, y coincidió en que el colectivo con discapacidades (que cifró en un 12,9 % de la población) debe tener mayor poder de decisión en este terreno.
En cuanto a los problemas que suscita la estructura política del Estado, destacó el trabajo del Consejo Federal para coordinar la aplicación equilibrada de las políticas en todo el país.
También subrayó, en lo que se refiere a las personas con discapacidad mental y psicosocial, la nueva ley de Salud Mental, “en la que se está empezando a trabajar”.
Cinco ONG presentaron un informe alternativo ante el CDPD -REDI, CELS, ADC, FAICA y FENDIM- en el que indicaron que desde la adopción de la Convención en 2008 ha habido “ciertos avances aislados”, pero que “la armonización legislativa es una tarea aún pendiente”.
Estas organizaciones incidieron en el igual reconocimiento como persona ante la ley del colectivo con discapacidad y alertaron sobre el proyecto de reforma en marcha para elaborar un nuevo Código Civil porque mantiene “la incapacitación total” para algunos casos de personas con discapacidad psicosocial o intelectual.
Las ONG criticaron que se siga concibiendo a los miembros de este colectivo como “objetos de protección y no como sujetos de derecho”, y denunciaron que la respuesta estatal a sus problemas “sigue siendo el internamiento psiquiátrico prolongado (…), situación que encubre los abusos, los malos tratos y el abandono”.
Alertaron además de los internados en asilos psiquiátricos sin acceso a la justicia -”un colectivo históricamente segregado y silenciado-, y de la falta de protección jurídica efectiva “que se traduce en la inexistente e ineficiente investigación de casos de torturas y muertes violentas” en esos centros.