Hace meses que no escribía lo que en algún momento pretendió ser una columna mensual, sobre temas para el debate y la reflexión. Leyendo hoy la nota de Susana Yappert y en el intercambio de mails de la Red las Unas y las Otras de Bariloche, encontré el estímulo para escribir la nota que comparto ahora con ustedes.
Los niños/niñas, mujeres y adultos mayores con discapacidad, se enfrentan a una múltiple invisibilidad, que deriva de su condición de infantes, mujer, adulto mayor y persona con discapacidad. Este hecho, acentúa las situaciones de desigualdad e injusticia y las colocan en una evidente desventaja respecto al resto de la ciudadanía. Ello se evidencia en el acceso limitado a servicios y prestaciones de salud de calidad suficiente, al empleo, a trayectos educativos incompletos, mayor riesgo de sufrir situaciones de violencia, etc. La discriminación mencionada no es la suma de las necesidades que se plantean por discapacidad y género/infancia, sino que al conjugarse ambas variables, se produce una situación diferente. Esta invisibilidad está presente en el debate en relación al aborto no punible.
Antes de adentrarnos en el tema planteado, que es ni más ni menos que adentrarnos en el derecho a la sexualidad, es importante contar con algunos datos sobre la situación de vulnerabilidad de las niñas, jóvenes y mujeres con discapacidad.
Los datos derivados de la Encuesta Nacional de Personas con Discapacidad del Censo del 2001 en nuestro país, son la última sistematización de datos estadísticos respecto a la situación de las personas con discapacidad, en su interior a excepción de identificar % de hombres y mujeres en dicho colectivo, no existen datos significativos sobre la situación de las mujeres en particular. Tampoco en documentos e informes de organismos Internacionales como la OIT y ONU. Sin embargo a la hora de identificar situaciones de desigualdad vasta con algunos datos, considerando que según el censo nacional del año 2010 el 51,3 % de la población de personas con discapacidad son niñas, jóvenes y mujeres:
- El 38,4% de las personas con discapacidad no cuenta con cobertura de salud
- Un 80% de desempleo en los países en desarrollo
- El 82% que vive en países en desarrollo, se encuentra debajo de la línea de pobreza, especialmente niños y niñas.
En relación a la situación de niñas, jóvenes y mujeres, en España un estudio del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales indica que 1 de cada 5 mujeres con discapacidad sufrieron abusos sexuales antes de alcanzar los 17 años. Según datos de la Federación de Asistencia a Mujeres Violadas, más del 50% de las víctimas que acuden a las asociaciones que componen la Federación son menores de edad. Los estudios realizados por la Asociación AMUVI, de Asistencia a Víctimas de Agresiones Sexuales de Andalucía, muestran un 70% de víctimas menores frente a adultas.
Así mismo el informe del CERMI, como entidad representativa de la discapacidad organizada en España, con más de 5.500 asociaciones y entidades de personas con discapacidad y sus familias, menciona: “La esterilización forzosa, el aborto coercitivo siguen practicándose en el caso de las mujeres y niñas con discapacidad, sobre todo en el caso de las niñas y mujeres con discapacidad intelectual o psicosocial, sin contar con su consentimiento o sin que comprendan el propósito específico de la intervención quirúrgica, y bajo el pretexto del bienestar de la persona con discapacidad.
El interrogante es ¿cómo garantizar el derecho a la sexualidad? ¿Cómo garantizar la autonomía plena en relación a dicho derecho, sea la decisión de un aborto o la decisión de la maternidad? Esta discusión está ausente en los actuales debates y en los documentos técnicos se hace referencia, si es que ello sucede, solo a la garantía de la accesibilidad edilicia.
¿Cómo garantizar el acceso a la información y a la confidencialidad que enuncia la guía técnica para la atención integral de abortos no punibles, elaborada por el Ministerio de Salud de la Nación, en el caso de mujeres con sordera que utilizan exclusivamente el lenguaje de señas, si el servicio de intérprete no está garantizado en los centros de salud? ¿Cómo garantizar el derecho a la maternidad en una mujer con discapacidad mental o psico social, si queda delegado en otro que la representa la firma de una declaración jurada?
Más allá de las posturas personales, lo que sorprende es la invisibilidad de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres con discapacidad, que en el fondo reflejan el cuestionamiento hacia la posibilidad de una vida plena y autónoma de dichas mujeres, por parte de la comunidad.
En la lucha por los derechos es necesario complejizar las miradas y analizar desde las múltiples perspectivas cada tema, cada situación; inclusive arriesgándonos a confrontar y disentir, estando en un estado de revisión constante que nos permita transitar por las propias contradicciones, detectando cuando a pesar de la militancia generamos, aunque sea por omisión, actos de discriminación. Arriesgarnos a transitar las diferencias, sin crear “bandos”, en la búsqueda de puntos de intersección que hagan de nuestro lugar, un lugar para todos basado en la riqueza de lo diverso.
Es momento de callar y escuchar la voz de las mujeres con discapacidad respecto a sus derechos, por ello para cerrar este escrito, pero para abrir el debate y reflexión comparto el testimonio de Mariana Paez sobre la vida independiente “Sabemos que las personas adultas con discapacidad intelectual, pueden, desde su propia experiencia y logros de autonomía conseguido ni siquiera pensado en comenzar su camino hacia su vida auto dirigida, como lo hacen tantas otras personas, más allá de que tengan o no Síndrome de Down. Es importante decir que todos los adultos tienen derecho a tener afectos fuera de su núcleo familiar, a formar pareja, a tener su propio hogar compartido o no, a constituir una nueva familia y a elegir cómo y con quien vivir”
Bibiana Misischia