El Parlamento rionegrino aprobó en primera vuelta un proyecto que modifica la ley que regula el Servicio Público de Transporte por Automotor (Nº651) para adaptarlo a los usuarios en condiciones de movilidad y comunicación reducidas. La iniciativa indica que las empresas deberán tener incorporado -al momento de la adjudicación- el veinte por ciento del total de su parque automotor adaptado para este tipo de usuarios, con la posibilidad de una “incorporación progresiva” en función del cronograma de adaptación que fije la reglamentación. A través de esta iniciativa de la legisladora Martha Ramidán (Redes) las empresas beneficiarias de la licitación deberán tener incorporado al momento de la adjudicación el veinte por ciento del total de su parque automotor adaptado para este tipo de usuarios, con la posibilidad de una incorporación progresiva en función del cronograma de adaptación que fije la reglamentación.
Al fundamentar la propuesta, la legisladora Beatriz Manso (Redes) expresó que “en los últimos años han recibido frecuentes reclamos de personas con limitaciones en su movilidad, no sólo de aquellos con algún grado de discapacidad sino también ancianos, embarazadas, entre otros, que ven menoscabado su derecho de transitar en los medios de transporte adecuados, exponiéndose a posibles riesgos físicos”, explicaron en una gacetilla de prensa.
Por otro lado, Manso indicó que, como respuesta a esta iniciativa, la Dirección de Transporte de la Provincia reconoció sobre los altos costos operativos que acarrea acondicionar las unidades de transporte, pero también admitió la necesidad de resolver esta situación en la prestación actual.
Aclaró que la normativa no fue pensada en términos económicos, sino para equiparar “los derechos que tienen las personas que presentan limitaciones y dificultades de desplazamientos”.
Por su parte, el diputado Pedro Pesatti (PJ), propuso incorporar, antes de segunda vuelta, una medida más amplia para el servicio de transporte público, ya que consideró que la integración entre distintos ámbitos de una misma ciudad muchas veces no está garantizada y “se pierde de vista que la lógica de este servicio debe ser el de satisfacer el 100 por ciento de la demanda de los vecinos”.
Por último, la legisladora Patricia Ranea Pastorini (ACD) manifestó el apoyo de su bancada, “por la importancia que tiene adoptar todas las medidas que eliminen las barreras de cualquier tipo que puedan impedir o dificultar el desenvolvimiento de la vida cotidiana de personas con movilidad reducida”.