Cocemfe pide al Gobierno más protección
Alertan del aumento de la pobreza entre las personas con discapacidad
Madrid.- Recuerdan que tienen unos ingresos un 25% más bajos que el resto de la población y advierten del riesgo.
La crisis golpea con fuerza a los colectivos más vulnerables, como los discapacitadios. La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe) ha alertado del aumento de la pobreza que está sufriendo este colectivo, que tiene unos ingresos un 25% inferiores que el resto de la población y que, además, ha de hacer frente a gastos que no afrontan sus conciudadanos sin discapacidad.
Desde esta perspectiva, Cocemfe ha advertido a la Administración el riesgo que pueden conllevar para las personas con discapacidad los recortes que se están efectuando a todos los niveles en servicios sociales, sanidad, dependencia, educación y empleo.
Según la entidad, los ciudadanos con discapacidad tienen unos ingresos un 25% más bajos que la población en general y en España hay 21.200 personas con discapacidad que viven al mes solo con una pensión no contributiva (357,70 euros/mes).
“Este dato es, por tanto, muy inferior a lo aceptado como umbral de pobreza (627 euros/mes), que es nivel de ingreso mínimo necesario para adquirir un adecuado estándar de vida”, y al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem), fijado en 532,5 euros mensuales, señaló Cocemfe.
Además, ha recordado la confederación, las personas con discapacidad se ven obligadas a hacer un sobreesfuerzo económico para mejorar sus condiciones de vida, “que se llevan una gran parte de sus ingresos”. Por todo esto, el presidente de Cocemfe, Mario García, ha considerado que el Ejecutivo “debería aumentar los niveles de protección de las personas con discapacidad, en lugar de
que sean las primeras en verse afectadas por los recortes”.
Igualmente, ha pedido al Gobierno que promueva medidas estructurales que apuesten por la inclusión social del colectivo, “luchando decididamente contra las discriminaciones en el ámbito del trabajo y educativo, el paro y la precariedad laboral”. Y es que, ha recordado, la tasa de personas con discapacidad que ha terminado estudios secundarios o superiores representa menos de la mitad que la de la población en general (tan solo el 12% frente al 30%).
Ante este panorama, García cree que es “ineludible” rectificar la reducción de subvenciones en los Centros Especiales de Empleo, donde las aportaciones del Estado son “imprescindibles” para su sostenibilidad y funcionamiento.
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