Por Diego Long
Esta semana, en el primer juicio que se lleva adelante contra productores rurales que fumigan agrotóxicos cerca de los cascos urbanos, la Justicia de Córdoba recaratuló la causa y comprometió aún más la situación legal de los acusados.
La Mesa de Enlace, conmocionada por la muerte de un chico debida al glifosato: “Es grave que una parte de los agrotóxicos no llegue a la soja”. Por supuesto que no es real esta frase, se trata de un título que luce en el techo de la portada de la última edición de la revista Barcelona. De todos modos, fiel a su estilo, este medio resume la matriz del problema en que se ha convertido el uso de agrotóxicos para uno de los principales países productores mundiales de alimentos agrícolas. El martillazo humorístico alude al cruce entre la muerte de los inocentes y la avaricia de los productores, a propósito del fallecimiento, a fines del mes pasado, de un chico correntino por el envenenamiento causado por los químicos arrojados en las cercanías de su vivienda. En Lavalle, el pueblo correntino de donde era oriundo el niño que se encontraba internado en el Hospital Garrahan, otro caso similar sucedido poco tiempo antes tenía consternada a esa población.
Pero las muertes o las enfermedades, que van desde afecciones respiratorias, digestivas, de la piel y oculares, a casos de cáncer, malformaciones congénitas y abortos espontáneos, pasando por diabetes, graves alteraciones orgánicas, vómitos, ataques de epilepsia, edemas de pulmón, arritmias cardíacas mortales y severas discapacidades neurológicas como mielomeningocele, espina bífida o retardo mental grave; suceden en Corrientes tanto como en Misiones, Salta o Santiago del Estero, por ejemplo. Y tampoco es un infortunio de ahora, sino que empezó a mediados de los ’90, cuando se habilitó el ingreso de los agrotóxicos, en tándem con la siembra directa y las semillas genéticamente modificadas.
Justicia en acción. Sin embargo, el 11 de junio pasado comenzó en Córdoba el primer juicio por los daños causados a la población por los químicos agrícolas que se realiza en el país. A once años de las primeras denuncias realizadas por las Madres del barrio Ituzaingó, el grupo de mujeres asumió la responsabilidad de darle pelea al veneno luego de confirmarse que era el causante de la proliferación en el barrio de gente con barbijo y mamás con pañuelos en la cabeza, tapando la calvicie de la quimioterapia. “En ese barrio de 5.000 habitantes hay 200 personas con cáncer y cerca de 100 ya murieron por esa enfermedad. Estos agroquímicos son cancerígenos”, había declarado el año pasado el fiscal Carlos Matheu, que instruyó la causa hasta su elevación a juicio pero que luego fue desplazado.
Este primer juicio oral y público, que tramita en la Cámara 1º del Crimen de Córdoba, se enfoca en las fumigaciones con sustancias peligrosas para la salud cerca de zonas urbanas y sentó en el banquillo de los acusados a tres productores sojeros y dos aeroaplicadores, denunciados en dos causas diferentes, una del 2004 y otra del 2008, juzgados conjuntamente por la decisión del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de unificarlas por tratarse de objetos similares. Pesa sobre ellos la presunta violación a la ley provincial 9.164 de agroquímicos, que prohíbe expresamente la diseminación aérea de endosulfán o glifosato, en cultivos cercanos a zonas pobladas.
En la causa más antigua están imputados los productores agropecuarios Jorge Gabrielli y Francisco Parra, junto al comerciante y piloto de avión Edgardo Pancello. En un primer momento, Gabrielli y Parra estaban acusados de ser los supuestos instigadores de contaminación ambiental con endosulfán y glifosato, mientras que al piloto le cabe la autoría material del delito. Pero el martes pasado, en la última sesión del proceso, que quedó interrumpido hasta después de la feria judicial a pedido de la defensa de Parra, el Tribunal hizo lugar a una solicitud de ampliación de la demanda contra este productor y otra persona no identificada, lo que hizo cambiar la carátula de modo que ahora Parra pasa a ser coautor del delito de contaminación ambiental. El hecho que complicó la situación del imputado fue la presunción de que fumigó sus campos de soja con heptacloro, clorpirifós, DDT, endosulfán y glifosato, entre otras sustancias peligrosas, encuadradas en la Ley Nacional 24.051, de residuos peligrosos. Para peor, no puede alegar desconocimiento puesto que ya que se había declarado el estado de emergencia sanitaria en la zona, además de encontrarse vigente la Ordenanza 10.590, que prohíbe la aplicación en todas sus formas y en cualquier cantidad de plaguicidas o biocidas químicos, a menos de 2.500 metros de vivienda alguna.
La otra causa se originó en los tribunales de Deán Funes, también en la provincia de Córdoba. Implica a otro productor rural y a un aplicador aéreo, por arrojar plaguicidas tóxicos en cultivos aledaños al pueblo de Villa María de Río Seco. El piloto, identificado como D.P.M., está acusado de contaminación ambiental, al igual que el encargado del campo, V.A., aunque éste lo está en calidad de partícipe necesario.
Este primer juicio oral y público, que tramita en la Cámara 1º del Crimen de Córdoba, se enfoca en las fumigaciones con sustancias peligrosas para la salud cerca de zonas urbanas y sentó en el banquillo de los acusados a tres productores sojeros y dos aeroaplicadores, denunciados en dos causas diferentes, una del 2004 y otra del 2008, juzgados conjuntamente por la decisión del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de unificarlas por tratarse de objetos similares. Pesa sobre ellos la presunta violación a la ley provincial 9.164 de agroquímicos, que prohíbe expresamente la diseminación aérea de endosulfán o glifosato, en cultivos cercanos a zonas pobladas.
En la causa más antigua están imputados los productores agropecuarios Jorge Gabrielli y Francisco Parra, junto al comerciante y piloto de avión Edgardo Pancello. En un primer momento, Gabrielli y Parra estaban acusados de ser los supuestos instigadores de contaminación ambiental con endosulfán y glifosato, mientras que al piloto le cabe la autoría material del delito. Pero el martes pasado, en la última sesión del proceso, que quedó interrumpido hasta después de la feria judicial a pedido de la defensa de Parra, el Tribunal hizo lugar a una solicitud de ampliación de la demanda contra este productor y otra persona no identificada, lo que hizo cambiar la carátula de modo que ahora Parra pasa a ser coautor del delito de contaminación ambiental. El hecho que complicó la situación del imputado fue la presunción de que fumigó sus campos de soja con heptacloro, clorpirifós, DDT, endosulfán y glifosato, entre otras sustancias peligrosas, encuadradas en la Ley Nacional 24.051, de residuos peligrosos. Para peor, no puede alegar desconocimiento puesto que ya que se había declarado el estado de emergencia sanitaria en la zona, además de encontrarse vigente la Ordenanza 10.590, que prohíbe la aplicación en todas sus formas y en cualquier cantidad de plaguicidas o biocidas químicos, a menos de 2.500 metros de vivienda alguna.
La otra causa se originó en los tribunales de Deán Funes, también en la provincia de Córdoba. Implica a otro productor rural y a un aplicador aéreo, por arrojar plaguicidas tóxicos en cultivos aledaños al pueblo de Villa María de Río Seco. El piloto, identificado como D.P.M., está acusado de contaminación ambiental, al igual que el encargado del campo, V.A., aunque éste lo está en calidad de partícipe necesario.
Perspectivas. El proceso judicial, sobre el que están puestas las miradas de todo el país, por ahora no decepcionó. Si bien había cierta desconfianza al principio, por el cambio de fiscal y por el retraso en el inicio, causado por la unificación de las causas, con el correr de los días todo se fue aplacando. No ayudó a la tranquilidad de los vecinos el discurso inicial del juez Lorenzo Rodríguez, presidente del Tribunal, que advirtió: “Si hay personas del barrio Ituzaingó, les quiero solicitar que guarden respeto durante los días de la audiencia. Cualquier exclamación o grito van a ser desalojados inmediatamente de la sala (…), los jueces no estamos para favorecer o dar beneplácito a un sector. Hay quienes van a decir que ahora creo en la Justicia y otros que no”.
Las audiencias arrancaron con el testimonio del ex subsecretario de Salud provincial, Medardo Ávila Vásquez, quien aseveró que “los agroquímicos producen daño en la salud de las personas. Nosotros –reconoció–, en el área de salud creíamos que los agroquímicos que se aprobaban en la Argentina eran seguros”. Ávila Vásquez citó un informe de entonces de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) que determinó que el barrio estaba contaminado y, con un mapa de la distribución de los casos de cáncer en el barrio, en el que se pudo ver que la cantidad de casos aumentaba en el límite con la frontera agraria, demostró al Tribunal que la incidencia de los agroquímicos es indiscutible. Así desarticuló los planteos de los sojeros que insistían en la inocencia de los productos de Monsanto y atribuían los problemas de salud de la población al PCB, el agua con arsénico y la tierra con cromo y plomo.
Los testimonios del segundo día le correspondieron a los vecinos. Por la mañana declararon Marcela Ferreyra y Pablo Vargas. Por la tarde, uno de los testimonios más esperados, subió al estrado Sofía Gatica, referente del grupo de Madres de Ituzaingó, y luego cerró la jornada Norma Herrera. Gatica tiene una hija fallecida y otros dos con severos problemas de salud. Por eso dejó el barrio hace unos seis meses. Herrera tiene cinco hijos, una nena con leucemia y otro, de 21 años, con agroquímicos en la sangre.
En los días subsiguientes el Tribunal, que además de Rodríguez está compuesto por los magistrados Mario Capdevilla y Susana Cordi, pudo escuchar a otros vecinos, a los médicos de la Unidad Primaria de Atención de la Salud, a un oficial que investigó la causa bajo las órdenes del fiscal Matheu; al casero del campo de Parra, a la casera y a la propietaria de las tierras que usufructúa Gabrielli; al perito Javier Souza Casandihno, a la ex secretaria de Ambiente, Diana Raab, que aseguró que Parra sembraba soja y que vio el camión mosquito denunciado dentro de su campo; ingenieros, biólogos, los especialistas que tomaron muestras de los campos de Parra, el médico e investigador Eduardo Carrasco, el biólogo ambientalista que preside la Fundación para la Defensa del Ambiente (Funam) y al aeroaplicador presidente de la Federación Argentina de Cámaras Agroaéreas, Orlando Martínez. Y, a juzgar por la unidad de criterios expresados, todo indica que no habrá lugar para las sorpresas cuando se reanude el proceso y que el primer juicio a los agrotóxicos se resolverá a favor de los fumigados.
Las audiencias arrancaron con el testimonio del ex subsecretario de Salud provincial, Medardo Ávila Vásquez, quien aseveró que “los agroquímicos producen daño en la salud de las personas. Nosotros –reconoció–, en el área de salud creíamos que los agroquímicos que se aprobaban en la Argentina eran seguros”. Ávila Vásquez citó un informe de entonces de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) que determinó que el barrio estaba contaminado y, con un mapa de la distribución de los casos de cáncer en el barrio, en el que se pudo ver que la cantidad de casos aumentaba en el límite con la frontera agraria, demostró al Tribunal que la incidencia de los agroquímicos es indiscutible. Así desarticuló los planteos de los sojeros que insistían en la inocencia de los productos de Monsanto y atribuían los problemas de salud de la población al PCB, el agua con arsénico y la tierra con cromo y plomo.
Los testimonios del segundo día le correspondieron a los vecinos. Por la mañana declararon Marcela Ferreyra y Pablo Vargas. Por la tarde, uno de los testimonios más esperados, subió al estrado Sofía Gatica, referente del grupo de Madres de Ituzaingó, y luego cerró la jornada Norma Herrera. Gatica tiene una hija fallecida y otros dos con severos problemas de salud. Por eso dejó el barrio hace unos seis meses. Herrera tiene cinco hijos, una nena con leucemia y otro, de 21 años, con agroquímicos en la sangre.
En los días subsiguientes el Tribunal, que además de Rodríguez está compuesto por los magistrados Mario Capdevilla y Susana Cordi, pudo escuchar a otros vecinos, a los médicos de la Unidad Primaria de Atención de la Salud, a un oficial que investigó la causa bajo las órdenes del fiscal Matheu; al casero del campo de Parra, a la casera y a la propietaria de las tierras que usufructúa Gabrielli; al perito Javier Souza Casandihno, a la ex secretaria de Ambiente, Diana Raab, que aseguró que Parra sembraba soja y que vio el camión mosquito denunciado dentro de su campo; ingenieros, biólogos, los especialistas que tomaron muestras de los campos de Parra, el médico e investigador Eduardo Carrasco, el biólogo ambientalista que preside la Fundación para la Defensa del Ambiente (Funam) y al aeroaplicador presidente de la Federación Argentina de Cámaras Agroaéreas, Orlando Martínez. Y, a juzgar por la unidad de criterios expresados, todo indica que no habrá lugar para las sorpresas cuando se reanude el proceso y que el primer juicio a los agrotóxicos se resolverá a favor de los fumigados.
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