SYDNEY, AUSTRALIA (Enviado especial).- Este próspero país de más 8 millones de kilómetros cuadrados, tres veces más grande que la Argentina y con apenas 21 millones de habitantes que atesoran un ingreso anual superior a los 53.000 dólares, vive sin embargo una pesadilla: a la entrada de las principales ciudades hay carteles electrónicos que informan sobre la cantidad de días que restan para que el agua se acabe, los depósitos de los baños cuentan con la insólita opción de media descarga o descarga completa, y los jardines se riegan casi exclusivamente con el líquido que acumulan las lluvias en tanques especiales. La falta de agua, mitigada en los últimos meses por un año inusualmente húmedo, es sólo una de las manifestaciones del cambio climático que afecta al mundo entero pero que parece haberse ensañado con quien es conocida como la más grande de las islas y el más pequeño de los continentes.
Para superar la crítica coyuntura que plantea a este país el cambio climático, el gobierno australiano está encarando una batería de medidas de corto y mediano plazo que incluyen la reducción de emisiones de gas de efecto invernadero, el objetivo de que en el 2020 el 20% de la energía provenga de fuentes renovables - como el sol, los vientos o la geotermia- y el desarrollo de una política activa en los foros internacionales en procura de alcanzar una solución global para el problema.
No es todo, Australia trabaja en el financiamiento de una nueva tecnología que permita capturar el dióxido de carbono e inyectarlo bajo tierra para que se mineralice. Para integrar este proceso a escala comercial el gobierno está dispuesto a aportar 100 millones de dólares por año (la unidad de la moneda estadounidense equivale a 0,85 de la australiana) en los próximos 5 años para financiar el instituto internacional que se ocupa de llevar ese proyecto adelante.
Bob Pegler, del Instituto Internacional para la Captura y Almacenamiento del Carbono (GSSI por siglas en inglés) con sede en Camberra, la capital, explica que la entidad está abierta a la integración de nuevos miembros: personas, instituciones o países dispuestos a aportar sólo 10 dólares australianos para llevar adelante sus objetivos. La idea es fortalecer la cooperación internacional para asegurar que el desarrollo de la tecnología de captura e inyección del carbono sea compartida con el resto del planeta.
El gobierno del primer ministro laborista Kevin Rudd prevé aportar una inversión del orden de los 15.000 millones de dólares para llevar adelante el ambicioso proyecto destinado a combatir el cambio climático. Pero no todos en Australia comparten la iniciativa. En ese país la mayor parte de la energía eléctrica se produce con carbón y si bien se trata de un elemento muy contaminante su extracción en el Estado de Nueva Gales del Sur es una de las industrias más rentables del país.
Según explica Ross Fleming, del Centro de la Industria Carbonera (Coal Industry Centre) de Newcastle, el carbón aporta ingresos por 24.000 millones de dólares anuales y es la principal fuente de financiamiento del Estado vía impuestos.
Australia es el sexto productor mundial de carbón y en 2007, exportó 130 millones de toneladas y los principales compradores fueron Japón (70%) seguido de China. En el puerto de Newcastle 10 buques zarpan por día cargados de carbón y otros 60 esperan en la rada ser atendidos.
Brendan Person, del Consejo Minero de Australia (MCA), la cámara que agrupa a la poderosa industria minera sostiene que el proyecto impulsado por el gobierno es muy caro porque costará 400 dólares per cápita a cada australiano, cuando en Estados Unidos y Europa se habla de soluciones mucho más económicas para superar le problema del carbono.
En 1997, por el Protocolo de Kyoto los países industrializados se comprometieron a reducir los gases de efecto invernadero.
El gobierno australiano quiere llevar su propuesta a la XV Conferencia sobre el Cambio Climático, que se hará en Copenhague, Dinamarca, en diciembre próximo, pero para ello deberá recibir el respaldo de la oposición liberal en noviembre cuando el tema, que ya fue rechazado una vez en el Senado, se vuelva a tratar en el parlamento australiano.
El embajador argentino en Australia, Pedro Villagra Delgado, admite que el problema del agua en Australia es agudo: "Los ciclos normales eran de un año seco cada siete, pero en los últimos tiempos la escasez se ha agudizado". Si bien reconoce que el último año fue muy lluvioso y las cosas mejoraron, refiere que en la etapa previa los ríos más caudalosos bajaron dramáticamente sus niveles.
Por lo pronto, las autoridades australianas adoptaron una serie de iniciativas destinadas a garantizar una "energía limpia". Cada ciudadano recibe 300 dólares en efectivo por cambiar el depósito del inodoro por uno de descarga controlada, y más de 2.000 dólares por instalar una aislamiento térmica en los techos que permita ahorrar energía.
También, invertirán en total 1.500 millones para construir cuatro plantas de energía solar con una capacidad total de 1.000 megavatios (MW), lo suficiente como para abastecer una ciudad de 350.000 habitantes como Canberra.
Australia está particularmente interesada en conocer cuál será la actitud que adoptarán los países latinoamericanos, en particular la Argentina, de cara a la Conferencia de Copenhague.
"Todas las proyecciones para los próximos años indican que se va a incrementar entre un 20 y un 50% el uso de carbón, petróleo y gasoil para producir electricidad. Los científicos de todo el mundo coinciden en que en ese contexto la temperatura de la tierra aumentará dos grados. Hay que hacer algo antes de que el daño sea irreversible", reflexiona Pegler.
HÉCTOR MAURIÑO
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