NEUQUÉN (AN).- “El decreto
de aniquilamiento, su alcance,
hay que entenderlo en que
cuando se da una orden a un militar,
en el idioma militar, aniquilar
es la eliminación física del
enemigo”, dijo Hernán Corigliano,
defensor de Jorge Molina
Ezcurra y Sergio San Martín, en
un alegato en el que hizo una encendida
reivindicación del terrorismo
de Estado.
El Poder Ejecutivo nacional, la
Corte Suprema de Justicia, el juez
de instrucción, los fiscales, los
querellantes y hasta los vocales
del tribunal quedaron en la mira
de sus cuestionamientos.
Como corolario de su discurso,
en el que le destinó un amplio
espacio a describir el marco
histórico enfatizando los atentados
terroristas, planteó la nulidad
de todo lo actuado y supletoriamente
la absolución de sus
defendidos por el principio de la
duda. Fue en la audiencia de ayer,
que cerró la etapa de los alegatos.
Corigliano reivindicó la legalidad
del accionar de los miembros
de las Fuerzas Armadas y se
detuvo en denunciar la condición
de miembros de las conducciones
de las organizaciones terroristas
Montoneros, Ejército Revolucionario
del Pueblo (ERP), Fuerzas
Armadas Revolucionarias (FAR),
a altos funcionarios del gobierno
nacional, como los ministros de
Defensa, Nilda Garré, y el canciller
Jorge Taiana.
Sostuvo que hubo una guerra y
que “los subversivos aquellos,
hoy en el gobierno, son los que no
pudieron ganar la batalla y lo
hacen –ahora– utilizando el
poder y la Justicia, con el sólo objeto
de la venganza”.
Para el defensor las autoridades
nacionales han promovido
“una adaptación del derecho a las
necesidades políticas. El Poder
Ejecutivo moviliza a la Corte para
que sea el brazo vengador”.
Como no había sucedido hasta
el momento, Corigliano caracterizó
de terroristas a las víctimas
del juicio en desarrollo, en tanto
ellas mismas se identificaron en
su mayoría como militantes políticos
de la Juventud Peronista, la
Juventud Trabajadores Peronistas
y la Juventud Universitaria. Argumentó
que pertenecer a esas organizaciones
de base era una de las
condiciones para ser miembro de
la organizaciónMontoneros.
Defendió con énfasis los reglamentos
militares por los
cuales actuaron los imputados.
“Las Fuerzas Armadas actuaron
por mandato del gobierno, los reglamentos
militares fueron sancionados
previamente y son de
aplicación obligatoria por el personal
militar. No eran anticonstitucionales.
Estamos juzgando, 30
años después, a personas que
fueron entrenadas para matar.
Mis defendidos están siendo juzgados
sólo por ser militares”, remarcó.
Atacó la validez de las pruebas,
en particular los testimonios
del fotógrafo Miguel Suñer
–“mintió descaradamente”, dijo–
y del agente civil José Luis Cáceres
–que incriminaron de manera
contundente a sus defendidos–
y al ex juez Labate por el
“carácter indicativo de las preguntas
(a los testigos), que fueron
la base de la elevación a juicio”.
El defensor pidió la “nulidad
de lo actuado en función de las
irregularidades en la instrucción,
de la violación al debido proceso
y la defensa en juicio”. Supletoriamente
hizo tres planteos: la insubsistencia
de la acción penal
por el tiempo transcurrido, la
prescripción de la acción penal y
la absolución por el beneficio de
la duda.
