Llamó “mártires de la patria” a los imputados. Acusó al Ejecutivo de manipular a la Corte Suprema.

NEUQUÉN (AN).- “El decreto

de aniquilamiento, su alcance,

hay que entenderlo en que

cuando se da una orden a un militar,

en el idioma militar, aniquilar

es la eliminación física del

enemigo”, dijo Hernán Corigliano,

defensor de Jorge Molina

Ezcurra y Sergio San Martín, en

un alegato en el que hizo una encendida

reivindicación del terrorismo

de Estado.

El Poder Ejecutivo nacional, la

Corte Suprema de Justicia, el juez

de instrucción, los fiscales, los

querellantes y hasta los vocales

del tribunal quedaron en la mira

de sus cuestionamientos.

Como corolario de su discurso,

en el que le destinó un amplio

espacio a describir el marco

histórico enfatizando los atentados

terroristas, planteó la nulidad

de todo lo actuado y supletoriamente

la absolución de sus

defendidos por el principio de la

duda. Fue en la audiencia de ayer,

que cerró la etapa de los alegatos.

Corigliano reivindicó la legalidad

del accionar de los miembros

de las Fuerzas Armadas y se

detuvo en denunciar la condición

de miembros de las conducciones

de las organizaciones terroristas

Montoneros, Ejército Revolucionario

del Pueblo (ERP), Fuerzas

Armadas Revolucionarias (FAR),

a altos funcionarios del gobierno

nacional, como los ministros de

Defensa, Nilda Garré, y el canciller

Jorge Taiana.

Sostuvo que hubo una guerra y

que “los subversivos aquellos,

hoy en el gobierno, son los que no

pudieron ganar la batalla y lo

hacen –ahora– utilizando el

poder y la Justicia, con el sólo objeto

de la venganza”.

Para el defensor las autoridades

nacionales han promovido

“una adaptación del derecho a las

necesidades políticas. El Poder

Ejecutivo moviliza a la Corte para

que sea el brazo vengador”.

Como no había sucedido hasta

el momento, Corigliano caracterizó

de terroristas a las víctimas

del juicio en desarrollo, en tanto

ellas mismas se identificaron en

su mayoría como militantes políticos

de la Juventud Peronista, la

Juventud Trabajadores Peronistas

y la Juventud Universitaria. Argumentó

que pertenecer a esas organizaciones

de base era una de las

condiciones para ser miembro de

la organizaciónMontoneros.

Defendió con énfasis los reglamentos

militares por los

cuales actuaron los imputados.

“Las Fuerzas Armadas actuaron

por mandato del gobierno, los reglamentos

militares fueron sancionados

previamente y son de

aplicación obligatoria por el personal

militar. No eran anticonstitucionales.

Estamos juzgando, 30

años después, a personas que

fueron entrenadas para matar.

Mis defendidos están siendo juzgados

sólo por ser militares”, remarcó.

Atacó la validez de las pruebas,

en particular los testimonios

del fotógrafo Miguel Suñer

–“mintió descaradamente”, dijo–

y del agente civil José Luis Cáceres

–que incriminaron de manera

contundente a sus defendidos–

y al ex juez Labate por el

“carácter indicativo de las preguntas

(a los testigos), que fueron

la base de la elevación a juicio”.

El defensor pidió la “nulidad

de lo actuado en función de las

irregularidades en la instrucción,

de la violación al debido proceso

y la defensa en juicio”. Supletoriamente

hizo tres planteos: la insubsistencia

de la acción penal

por el tiempo transcurrido, la

prescripción de la acción penal y

la absolución por el beneficio de

la duda.