NEUQUEN (AN).- Durante los próximos diez días los representantes gremiales de los taxistas estarán en los puestos donde la policía realiza los operativos de prevención, para supervisar la tarea de los uniformados y corroborar que los implementen de acuerdo a las pautas que exigieron.

Así tratarán de pulir las diferencias que mantuvieron con la policía la semana pasada, cuando criticaron la forma en que la fuerza estaba realizando los controles. Entre otros puntos le reprocharon no identificar a los pasajeros, un aspecto que consideran fundamental para la prevención de más asaltos.

"En cada operativo va a haber un representante gremial para garantizar que se hagan como corresponde", afirmó ayer en declaraciones a "Río Negro" Darío Lucca, secretario del Sindicato de Peones.

"Queremos que se implementen de acuerdo a la bajada de línea de los superiores, y que se identifique también a los pasajeros y se le haga firma al chofer su conformidad con el control. Aquel oficial que no cumpla, lo vamos a denunciar", agregó.

La medida fue resuelta en una asamblea de taxistas efectuada ayer en esta capital, en la que exigieron además la extensión de los operativos a Cutral Co, donde el fin de semana hubo un intento de asalto contra un chofer. Está en marcha desde ayer y fue acordada con las autoridades de Seguridad, con quienes los dirigentes de los taxistas se reunieron al mediodía. Dentro de diez días volverán a sentarse frente a frente para evaluar la continuidad o no de la supervisión.

Otro punto resuelto en la asamblea fue el lanzamiento de una campaña de recolección de firmas para reformar la ley 2302. El próximo 1 de marzo, día en el que el gobernador Jorge Sobisch inaugurará el período de sesiones ordinarias legislativas, llevarán el pedido para introducirle los cambios a la norma. "Sabemos que hay una resistencia planteada a cualquier cambio en la 2302, pero vamos a hacer el intento", reconoció Enrique Cisterna, de la Asociación de Propietarios.

Horas antes los integrantes del Foro de Defensa de la 2302 se declararon en estado de alerta, denunciaron un "ensañamiento" contra la esa ley que protege la niñez y adolescencia y reiteraron que el gobierno, a pesar de los fallos judiciales que se lo ordenaron, sigue sin implementar los programas de prevención previstos en la norma.

Entre los diputados de la oposición el asesinato del taxista Carlos Navarrete puso sobre el tapete el fracaso del plan de seguridad oficial. Ayer, los legisladores enviaron un pedido de informes al jefe de Policía, Carlos Zalazar, sobre la implementación del nuevo sistema de comunicaciones para la fuerza.

"Hubo diferencias con la policía por la forma en que se aplicaron los operativos, y eso es lo que vamos a tratar de pulir", precisó Cisterna. Admitió que "las falencias no sólo son de la policía sino también de los choferes, que en muchos casos se molestan con los controles", y deslizó que "dentro de todo hay conformidad con lo que se empezó a hacer".

La implementación de los operativos policiales había sido acordada a principios de enero, luego de una seguidilla de asaltos a taxistas en Parque Industrial. El chofer Néstor Navarrete fue asesinado durante un intento de asalto en las inmediaciones del barrio el pasado 13 de febrero.

Tras mantener sitiada la ciudad durante dos días para reclamar más seguridad, los choferes acordaron con la policía hacer los controles en "zonas rojas" definidas por ellos, entre las que figuran el puente carretero, la zona de la meseta y un sector del oeste de la capital. "Esta misma noche -por ayer- voy a salir con la gente del sindicato y me voy a instalar en el puente para garantizarme que todo se haga de acuerdo a lo previsto", afirmó Lucca.