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OPINION

Kirchner, consciente de la debilidad que significará gobernar con un 22% de los votos, salió ayer a fortalecer una línea de acción que responde a los reclamos de la población.

Tras el golpe político asestado por Carlos Menem a la sociedad y al oficialismo con su operación abortiva del ballottage, el presidente electo Néstor Kirchner comenzó a marcar límites a quienes hoy considera que pueden convertirse en sus potenciales enemigos.
La conformación del gabinete, a la que se abocará en forma intensa durante el fin de semana, demostrará también hasta qué grado puede mostrar autonomía de Duhalde.
Kirchner aprovechó ayer su visita al programa de Mirtha Legrand para denunciar desde allí que hay grupos financieros que buscan condicionarlo. Mencionó a "los dueños de bancos de provincias que fueron privatizados". Advirtió que "si vuelven quienes impulsan la especulación financiera por encima del trabajo de los argentinos los voy a denunciar".
Dijo también que no buscará desplazar a toda la Corte Suprema pero que "se terminaron los acuerdos corporativos entre el poder político y el poder judicial".
Puso en la mira a las empresas de servicios privatizadas ya que estudiará si cumplieron los contratos. Precisó que "se analizará cuánto ganaron esas compañías en dólares durante los "90 y cuánto perdieron con la devaluación". Tras ese diagnóstico, dijo que definirá una eventual suba de tarifas.
Aseguró que no hablará con "dirigentes piqueteros vinculados con partidos políticos, ya que utilizan la angustia de millones de argentinos por la desocupación. Lo han politizado de la forma más mal" (sic)".
La dureza del discurso del santacruceño parece ser parte de una estrategia con la busca ganar adhesión con los principales reclamos de la población.
Desprovisto del seguro "aluvión" de votos de la segunda vuelta, Kirchner asumirá el poder con la debilidad que significa gobernar con el 22% de los sufragios.
De allí la urgencia por reelaborar su acción política, ahora más necesitado que antes del apoyo de quienes habilitaron su consagración a la primera magistratura, y de los partidos políticos de la oposición.
Con esa premisa como objetivo, Kirchner, y el ministro de Economía, Roberto Lavagna, comenzaron a diseñar las primeras medidas económicas que serán anunciadas durante la Asamblea Legislativa del 25 de mayo en la que asumirá el nuevo jefe de Estado.
Trascendió que Lavagna trabajaría en la puesta en marcha de un plan de reactivación de la industria de la construcción, en base a recursos disponibles
Dentro del plan fortalecimiento, Duhalde también hizo su aporte. Dijo que el santacruceño logrará el apoyo político de todos los gobernadores y parlamentarios y subrayó que Carlos Menem es "parte de un pasado que debemos sepultar".
Duhalde reiteró que no ocupará en el futuro "ningún cargo partidario" ni se postulará a nuevos cargos de carácter ejecutivo y ratificó que el próximo 25 de mayo, tras colocarle la banda presidencial a Kirchner, viajará al exterior.
"Kirchner tiene la mayoría parlamentaria, le van a apoyar todos los gobernadores y es un presidente que asume con una altísima imagen positiva en el país", aseveró el mandatario, al salir al cruce de quienes sostienen que el próximo gobierno asumirá en una posición de debilidad.
El jefe de Estado subrayó que "comienza un gobierno de una nueva generación para terminar con el pasado" y que la semana próxima se reunirá con Kirchner, en tanto que volvió a cargar contra Menem por su decisión de renunciar al ballottage.
Horas antes, y para despejar dudas, Kirchner salió a reiterar que durante su gestión no responderá a "órdenes" de Duhalde. Aunque aclaró que Duhalde "jamás me faltaría el respeto" diciéndole qué es lo que debe hacer, y aprovechó para fustigar a su renunciado rival Carlos Menem, al sostener que lo hecho ayer por el ex mandatario fue "una extorsión irresponsable de quien gobernó Argentina diez años y medio".
Kirchner también ratificó que recién el lunes próximo -cuando regrese de Santa Cruz- dará a conocer el gabinete que lo acompañará cuando el asuma el gobierno el próximo 25 de Mayo, aunque deslizó que "seguramente" incluirá a extrapartidarios en el equipo".
En otro intento de demostrar firmeza, insistió en asegurar que no llega a "la Casa Rosada para" irse "en un helicóptero" (como se fue Fernando de la Rúa).

Reformas estructurales

El futuro gobierno de Kirchner reclamará al Congreso el tratamiento urgente de una serie de proyectos clave de reformas estructurales pendientes, como la nueva ley de coparticipación federal, la reestructuración del sistema financiero y el futuro esquema tarifario.
El ministro de Economía, Roberto Lavagna, que permanecerá en su cargo tras la asunción de Kirchner, volverá a sentarse con senadores y diputados para reclamar el rápido tratamiento de una serie de normativas que comprometió el Gobierno en el acuerdo transitorio con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Uno de los temas que genera los mayores disensos es la reforma de la ley de entidades financieras, que incluye un punto que busca darle inmunidad a las autoridades del Banco Central, que evite juicios futuros en su contra. En ese sentido, en el Parlamento esperan que en las próximas semanas el Ejecutivo envíe un nuevo proyecto.
Otros temas importantes son la compensación a los bancos por la pesificación asimétrica, el ajuste impositivo por inflación, la modificación del cobro del Impuesto a la Transferencia de los Combustibles (ITC) y una "reforma integral" del sistema previsional.
Con respecto al régimen jubilatorio, Lavagna aclaró que "no se va a plantear una vuelta atrás", sino que se impulsará un "sistema mixto, tanto para el financiamiento del Estado como para la defensa del ahorro".
El jefe del Palacio de Hacienda cuestiona el régimen de capitalización implementado en 1994 por el gobierno de Carlos Menem, por las graves consecuencias que tuvo para la economía y especialmente por las altas comisiones que cobran las administradoras.
Una iniciativa reclamada por el FMI y que está en Diputados es la que prevé una compensación a los bancos por los efectos producidos por la pesificación asimétrica y los amparos pagados con sentencia firme.
El Estado pretende entregar a las entidades financieras un bono en pesos, con vencimiento a diez años, ajustable por una tasa variable de interés, como compensanción por los descalces generados en sus balances por los amparos y la indexación asimétrica.
El monto final que recibirían las entidades bancarias por ambos rubros es incierto aún, aunque la carta de intención firmada con el Fondo Monetario Internacional estimaba el costo en 8.900 millones de pesos o un monto aproximado de 2.966 millones de dólares. (Télam)

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