Miércoles 20 de junio de 2001 | ||
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Pidieron reclusión perpetua para Kielmasz y González Pino |
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Es la pena más alta que contempla la ley. El fiscal y los querellantes los consideraron responsables de los asesinatos de María Emilia, Paula y Verónica. Tienen sospechas de que hubo más involucrados. Hoy es el turno de la defensa. Y después los imputados podrían hablar. |
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CIPOLLETTI (AC)- Claudio Kielmasz y Guillermo González Pino no asistieron a la audiencia de ayer. Por eso no escucharon cuando el fiscal y los querellantes pidieron que los condenen a reclusión perpetua, la máxima pena de la legislación argentina, por los asesinatos de María Emilia, Paula y Verónica, ocurridos el 9 de noviembre de 1997. Eduardo Scilipotti, José O"Reilly y Fernando Dalmazzo coincidieron en que no fueron los únicos autores de los crímenes, aunque paradójicamente admiten que hay pruebas más sólidas contra Kielmasz que contra González Pino, a quien alguno de ellos no descarta que lo absuelvan. Contra los otros presuntos partícipes que mencionan sólo hay, por el momento, especulaciones de que existen. Respecto del móvil, tanto el fiscal como el representante de la familia González adhirieron a la hipótesis del crimen por error, mientras que el abogado de los Villar omitió referirse al tema. No resultaba imprescindible que lo hiciera. Hoy será el turno de los defensores, quienes pedirán la absolución de los imputados. Dentro de ocho días se conocerá la sentencia del Tribunal, y si hacen caso al pedido de la acusación, los condenados podrían pasar hasta 25 años en prisión. Los alegatos de la fiscalía y la querella insumieron casi ocho horas. Apenas se apartaron de la acusación del fiscal Alvaro Meynet que dio origen al juicio, a la que potenciaron con dos testigos que no fueron tenidos en cuenta durante la instrucción: el fallecido Rafael Huirimán Lloncón y la contradictoria menor que dice haber presenciado un tramo de la agresión a las víctimas . Por otro lado, defendieron las autopsias realizadas por el forense local Ismael Hamdan y descalificaron a los médicos de la Corte Suprema convocados por el Tribunal. En una sala helada y casi vacía -apenas asistieron veinte personas, sin contar a los periodistas- tanto el fiscal como los representantes de las familias de las jóvenes asesinadas tuvieron una coincidencia casi plena al relatar cómo transcurrieron los hechos. Ante la falta de testigos presenciales, explicaron que se basaban en indicios, testimoniales y pericias que debían analizarse en conjunto y no aisladamente. Los hechos, según la acusación En ese orden, dijeron que María Emilia, Paula y Verónica realizaron su última caminata por la calle San Luis, aunque para eso se basaron en un testigo dudoso, José Pedro García, y otra que se desdijo, Teresa Castillo. Allí un grupo de sujetos que circulaba en dos vehículos las abordaron en forma violenta, según relataron Huirimán Lloncón y la menor. Desde allí -siguiendo la versión de la joven que incurrió en una docena de contradicciones- las víctimas fueron trasladadas a la tapera abandonada ubicada en la chacra de Feruglio. Ninguno de los acusadores describió el recorrido que hicieron para llegar hasta ella ni explicaron cómo sortearon el terreno fangoso, ya que según el dueño de la propiedad ese domingo abrió el riego hasta inundar todo. Según una pericia, en las prendas de una de las víctimas hay sedimentos que sólo se encontrarían en inmediaciones de esa derruida construcción. En esa tapera, donde no se encontraron rastros compatibles con una agresión multitudinaria contra tres víctimas, las jóvenes fueron agredidas salvajemente, dijeron el fiscal y los querellantes. Después, María Emilia y Paula fueron obligadas a caminar por las vías hasta los olivillos, donde las mataron con el revólver que Kielmasz entregó al padre de las víctimas. Verónica murió poco después, y la llevaron hasta los olivillos en la camioneta de González Pino porque no estaba en condiciones de caminar. Tampoco aquí explicaron el recorrido de la F100. De la simple enumeración de las pruebas reseñadas por los acusadores se desprende que la situación de Kielmasz es la más comprometida. Lo vieron en el lugar de los hechos; él mismo reconoce que estaba armado; esa noche su concubina lo notó agitado, nervioso, con las ropas alteradas y sucias; se interesó en todo lo relativo a la desaparición de las chicas incluso antes de que trascendiera públicamente; él mismo entregó el revólver con el cual se cometieron los crímenes y ese arma pertenece a su madre Lírida Prosperina Duarte. Además, se presentó en la causa como testigo pero cambió tantas veces su versión que no puede tomárselo en esa condición, sino como alguien que procura eludir su responsabilidad en el hecho (ver infograma). En cambio la situación de González Pino pende de la credibilidad de tres testigos que no se han caracterizado, precisamente, por su fiabilidad: Huirimán Lloncón, un hombre alcohólico al que apenas se consideró en la instrucción y que no pudo ser interrogado en el juicio porque falleció en enero pasado; la menor que brilló por sus contradicciones y Sandra González, la concubina que jamás logró ser precisa respecto de qué hizo en qué horarios su ex pareja. Pese a esto, el fiscal y los querellantes coincidieron en que los dos imputados merecen la reclusión perpetua. "No es un caso aislado ni casual" CIPOLLETTI (AC)- El abogado de la familia González, José O"Reilly, dijo que el triple crimen no es un caso "aislado y casual", y que debe analizarse en un contexto más amplio, en el que incluyó desde las decenas de crímenes sin resolver que hay en la provincia hasta las presuntas maniobras de encubrimiento desplegadas en este hecho. |
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