Noviembre es el último mes en que la provincia de Neuquén recibirá dinero por el denominado canon extraordinario que las empresas petroleras se comprometieron a pagar cuando firmaron los convenios que significaron la prórroga de las concesiones hasta el 2027. Ese dinero -más de 400 millones de dólares- se pagó en cuotas desde la firma de los acuerdos, a fines del 2008, y se coparticipó en parte a los municipios.

Si bien los contratos fueron aprobados por la Legislatura, todo el proceso estuvo precedido de una larga discusión, ya que se trató de una prórroga anticipada diez años antes de que venciera la concesión de ocho áreas, explotadas por las más grandes operadoras del sector.

Además del canon extraordinario, la provincia consiguió otros aportes bajo la denominación de responsabilidad social empresaria, un incremento de las regalías de tres puntos, llevándolas al 15%, y un mapa de la afectación ambiental con compromisos para la remediación necesaria.

Otro punto importante que quedó plasmado en la ley 2615 -y que tendrá que ser monitoreado hasta el final de las concesiones- es el compromiso de las empresas a invertir determinado monto en exploración y explotación. Es aquí donde han surgido las primeras diferencias.

El diputado Rodolfo Canini (MUN-PS) y el economista Humberto Zambón sostienen que por lo menos dos empresas han incumplido con ese acuerdo, mientras que el gobierno provincial asegura que el monto de inversión está sobreejecutado a la fecha.

"Lo primero que hay que señalar es que el decreto 2124, reglamentario de la ley 2615, establecía la creación de un órgano de control para el seguimiento de las inversiones. Hasta la fecha, brilla por su ausencia", resaltó Canini. Ya existe un pedido de informes por ese tema que aún no fue contestado.

Siempre basándose en las cifras que la subsecretaría de Hidrocarburos envió a la Legislatura, Canini y Zambón afirman que en explotación, para el período comprendido entre el tercer cuatrimestre del 2008 y la actualidad, YPF registra un 35% menos de inversión: 836 millones de dólares sobre un total de 1.272 millones comprometidos.

En el rubro exploración el déficit es notable: 1.300.000 dólares sobre 9 millones que figuran en el contrato, apenas un 14% de inversión real. Siempre hablando de exploración, el legislador asegura que Pluspetrol invirtió un 16% en el período en cuestión, sólo 600.000 U$S sobre los 3.660.000 a los que estaba obligada.

Mientras tanto, el subsecretario Héctor Mendiberri -en un artículo publicado por este diario- sostiene todo lo contrario: dice que al finalizar este año se registrará en explotación y exploración una inversión de 1.743 millones de dólares, sobre un compromiso asumido de 1.229 millones de dólares, y que por lo tanto la diferencia representa un sobreejecutado del 42%. Y que en el caso específico de YPF la sobreinversión treparía al 48%.

"Lo que el subsecretario no aclara es que el compromiso por Loma de la Lata está fuera de esta discusión. Ese acuerdo lo firmó el gobierno nacional en el 2000 a instancias del ex gobernador Jorge Sobisch, mientras que nosotros nos referimos a la renegociación del 2008. Y lo hacemos en base a los informes que el mismo Mendiberri remite a la Cámara, a pesar de que no recibimos nada durante el 2009 mientras que la ley habla de un informe cuatrimestral", rebate Canini.

Según los contratos, a fin del 2027 las empresas deberán haber invertido 5.777 millones de dólares para explotación y otros 674 millones de dólares en exploración.

Canini dijo que ya envió a título personal un pedido de informes para que se expliquen estas diferencias y que también impulsa un proyecto de resolución para que la requisitoria se haga a través de la Legislatura. "Si vienen a explicarlo en forma personal, mucho mejor; pero por lo menos deben enviar un escrito aclaratorio", sostuvo.