BUENOS AIRES (ABA).- "La presidenta se expone a un juicio político porque no puede remover al presidente del Banco Central (Martín Redrado) sin aval del Congreso Nacional; Redrado no es un ministro y tiene estabilidad en el cargo".
Categórico fue el constitucionalista Felix Loñ acerca de la responsabilidad que puede caberle a la jefe de Estado por haber destituido unilateralmente, mediante un decreto, a la máxima autoridad monetaria.
Loñ sostuvo que "se está atropellando al Banco Central" y señaló que el tema "es sumamente delicado desde el punto de vista institucional".
El mismo deslizó que Redrado debería resistir en su cargo para cumplir con la función de preservar la moneda porque "la cuestión de fondo es el manejo de las reservas".
Es que más allá de la situación de Redrado, está en el epicentro de la esfera judicial el decreto de necesidad y urgencia (DNU) que creó el Fondo del Bicentenario con 6569 millones de dólares que el gobierno podría gastar para el pago de todo tipo de deuda pública dejando abierta la posibilidad que se utilice para los gastos corrientes.
Pero ese DNU es para la mayoría de los juristas ilegal ya que decidir esa cuestión es una tarea que a su entender corresponde al Congreso. De acuerdo a versiones que circularon durante la víspera en los pasillos tribunalicios, una jueza federal podría dictar una medida cautelar que trabe esos fondos.
¿Cuál debería ser el procedimiento en relación a la salida de Redrado? Responde Loñ: "La presidenta debería haber pedido la dimisión de Redrado a una comisión bilateral con cuatro integrantes de las Comisiones de Finanzas y Economía de la Cámara de Diputados y del Senado (aunque no está integrada sería de dos legisladores oficialistas y dos de la oposición) en la cual desempataría el titular del Senado, Julio Cobos.
Validez dudosa
Menos drástico sobre los efectos jurídicos, aunque coincidiendo en su enfoque crítico sobre el contenido del decreto, se manifestó el experto en temas constitucionales Gregorio Badeni quien advirtió que el decreto que ordena la salida de Redrado es de "dudosa validez".
Coincidió en que la presidenta para pedir el paso al costado de Redrado debió contar con el pronunciamiento del Congreso, pero conocido el decreto que expulsó a aquel del cargo aconsejó al economista que haga valer la vía judicial ya que negarse a abandonar su despacho sería "un escándalo".
Badeni agregó que la presentación judicial puede hacerla el propio Redrado, la comisión bicameral del Congreso o una ONG interesada en resguardar las instituciones democráticas".
En tanto el constitucionalista Andrés Gil destacó que la falta de justificación del DNU con que la presidenta echó a Redrado se explica en que la única motivación es remover los obstáculos que le impidan usar las reservas.
"Los decretos de necesidad y urgencia fueron incorporados en la reforma de 1994 como un mecanismo de excepción que solamente se pueden explicar en casos de emergencia objetivamente verificables, como una catastrofre climática", explicó el constitucionalista Andrés Gil.
Por último el especialista Daniel Sabsay sugirió la posibilidad de convocar de urgencia al Congreso para que defina su posición sobre el presidente del Banco Central.
