La espiral de acusaciones no termina. La mecha fue la presentación de un documento ante el Tribunal Superior de Justicia, en el que un grupo importante de estancieros neuquinos exigían poner freno a las usurpaciones en nombre del derecho a la posesión de tierras ancestrales.

La réplica del presidente del máximo órgano judicial de la provincia, Oscar Massei, fue dura. El juez calificó al texto como "un insulto a la inteligencia de los neuquinos".

Y a partir de allí, el cruce de reproches parece no tener fin. O al menos, no parece encaminarse hacia una solución de fondo pacífica.

Éste es el panorama que se vive en la zona centro de Neuquén, donde ganaderos, estancieros, productores rurales, vecinos e integrantes de comunidades mapuches que no responden a la Confederación Indígena Neuquina acaban de conformar la Asociación en Defensa de la Ley (Adeley).

El reclamo es concreto y taxativo: basta de cortes de ruta, basta de usurpaciones de campos y propiedades privadas.

Primero en Aluminé y luego en Zapala, entre 150 y 200 personas se reunieron para exigir acciones decididas a las autoridades políticas y judiciales de la provincia. En esas reuniones la efervescencia fue palpable. Nadie sabe en qué puede desembocar el malestar por los recurrentes conflictos.

Hasta aquí el hecho más grave ocurrió en proximidades del lago Quillén cuando efectivos de la policía provincial desalojaron a integrantes de la comunidad Currumil, que mantenían ocupada la estancia Portillén, de la firma "Tiger Way Corporation SA", propiedad del empresario de la construcción Pedro Podestá. (Ver aparte)

En el medio, la suspensión del primer juicio por usurpación contra la comunidad Tayin Raquizuan por la apropiación de un lote del ingeniero agrónomo Rolando Kulmann provocó reclamos y hasta una denuncia contra la jueza correccional Carina Álvarez.

"Que no se tolere la existencia de delito ni que este conviva con la vida normal de los ciudadanos y deba ser soportado por estos" plantearon los abogados Jorge Vanossi, Carlos Sánchez Herrera y Juan Carlos Cassagne en el documento que le elevaron al TSJ con el aval de cientos de firmas de estancieros, productores rurales y vecinos del interior neuquino.

Los profesionales le reclamaron a la justicia neuquina que "se aboque y haga cesar la privación de protección y seguridad, la actuación ineficaz ante los delitos al tiempo que provea y arbitre la inmediata actuación de los tribunales inferiores". El texto causó revuelo entre los magistrados y la respuesta surgió del propio Oscar Massei quien, luego de cuestionar el desempeño de los abogados capitalinos que motorizaron el planteo, destacó que "la justicia no puede expedirse sobre casos abstractos".

El contragolpe lo encabezó uno de los que rubricaron el documento, Rolando Kulmann, quien salió poco después a recordarle a Massei que "mi caso no es abstracto porque el campo está usurpado hace años".

En ese contexto se llegó al primer juicio correccional contra una comunidad mapuche por la usurpación del campo de Kulmann, en cercanías de Aluminé. El proceso debía realizarse en esa localidad pero ante la posibilidad de que se generen hechos de violencia el debate se trasladó a Zapala.

La defensa de los once imputados, a cargo de Juan Manuel Salgado y Claudio Brusco, solicitó la intervención de un intérprete a fin de que los mapuches pudieran expresarse en su idioma, pero la jueza subrogante Carina Álvarez lo rechazó.

En definitiva el proceso se suspendió, ya que la defensa recusó a la magistrada a quien acusó de discriminación. Salgado fue todavía más allá y radicó una denuncia en la fiscalía de Zapala por "prevaricato" contra Álvarez.

Los abogados querellantes, Eduardo Del Río y Martín López, criticaron la postura de la defensa a la que calificaron como "una simple chicana para ganar tiempo".

El caso, actualmente en manos de la Cámara de Apelaciones de Neuquén, recién podría volver a ser debatido en juicio el año próximo.

ARIEL LEONHARDT
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