Los abogados de Marifil SA, Alejandro Buckland y Antonio Sánchez, consideraron que el convenio transaccional, por el cual el Estado rionegrino cedió a esa firma un yacimiento de caliza -en concesión por 30 años- y pagará a los letrados 1.7 millones de pesos en honorarios "fue un buen negocio para la provincia".
Buckland y Sánchez indicaron que "según el contrato original -firmado en 2000 entre Hiparsa y Marifil- Hiparsa tenía que transferir 900 hectáreas de su propiedad y ceder los porcentajes que se establecieron respecto de minerales metalíferos y no metalíferos. En el convenio se logra que, en vez de transferir 900 has., se transfieran en concesión por un plazo determinado para explotación y exploración sólo 659 has. Se dejan determinadas hectáreas para que la provincia pueda instalar la zona franca y el puerto de Sierra Grande".
Buckland agregó que "si la provincia no arreglaba podría haber perdido la totalidad y tendría que haber contribuido con el porcentaje de metalíferos pactado". El abogado prefirió no opinar acerca de porqué Hiparsa aceptó firmar un convenio que luego no cumplió. Indicó que "la decisión que se tomó en el año 99 ó 2000 a nosotros como abogados no nos interesa, nosotros no intervenimos".
Sánchez, por su parte, relató que al estudio que comparte con su socio, lo "contactó un estudio de Buenos Aires, el estudio Palacios, que es el apoderado de Marifil y nosotros intervenimos patrocinándolos a ellos". Los hono- rarios están pendientes de pago.
"Como en toda transacción las partes renuncian a algo. Evidentemente Marifil consideró que los acuerdos servían para componer los intereses de ambas partes, sino no lo hubieran aceptado. En la situación en que estaba el tema, ha sido un buen negocio para la provincia", manifestó Buckland.
Sánchez, en tanto, se quejó de no saber lo que la Cámara Civil -que remitió el expediente a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas- encuentra dudoso en el trámite. "El expediente tiene 500 fojas, está toda la prueba pericial cumplida, no es algo que se haya armado. Me parece correcto que si hay alguna duda el fiscal de Investigaciones Administrativas -Pablo Berraz- investigue, pero no sabemos cuál es la duda que le generó a los camaristas".
En ese sentido, indicó que "se remiten al artículo 194 de la Constitución, que establece la intervención de la Comisión de Transacciones, pero la comisión intervino dos veces y emitió dos dictámenes. Si dicen que no fue conveniente, que digan en qué parte del convenio, en qué medida. El trámite tiene la participación de muchas instituciones, y todas lo convalidaron", concluyó.
PEDRO CARAM
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