NEUQUÉN (AN).- La diputada Soledad Martínez (Frente Grande) presentó un proyecto de declaración para que la provincia adhiera a la ley 26.160, que regula a nivel nacional los mecanismos que se deben seguir frente a tierras en conflicto entre comunidades aborígenes y privados, y así presionar para que se destrabe el censo jurídico catastral que el gobierno se comprometió a realizar y que lleva un año y medio en suspenso.
La diputada expresó su preocupación "ante las situaciones de violencia ocurridas con diferentes comunidades de la provincia como consecuencia del incumplimiento de lo dispuesto en la ley 2616, como el desalojo de la comunidad Currimil de Quillen". Sostuvo que, de haberse realizado el censo y aplicado la normativa nacional, "se habría evitado la intervención, asumiendo las responsabilidades y compromisos que las instituciones de la provincia no pueden soslayar".
La ley nacional ordena al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) realizar un relevamiento técnico, jurídico y catastral de todas las Comunidades Indígenas existentes en el país. "La provincia ha expresado diferencias con los referentes del INAI y decidió no acompañar el proceso", dijo Martínez.
