Ante las amenazas sufridas por el corresponsal del diario "Río Negro" Diego Von Sprecher por parte del secretario de Gobierno de nuestra localidad, Eduardo Chavarría, no podemos más que hacer llegar nuestra solidaridad hacia este trabajador de prensa y nuestro más enérgico repudio ante tan desafortunadas y antidemocráticas declaraciones de este funcionario.

No podemos permitir que en nuestra patria, y especialmente en la ciudad de Allen, funcionarios que dicen representarnos en el Poder Ejecutivo municipal atenten de forma deliberada contra la libertad de prensa y de información.

No permitir el libre acceso a la información, amenazar con agresiones físicas por el sólo hecho de informar son situaciones que en la comunidad allense no queremos volver a vivir, y en el entendimiento de que esto no representa el pensamiento y forma de gobierno de la intendencia Bracalente es que solicitamos las disculpas públicas y la retractación de estas declaraciones, dejando libradas las fuentes de información y no tomando represalias contra los trabajadores de prensa que cumplimos con nuestra obligación, que es la de investigar e informar a la población.

Por la aplicación plena de la libertad de prensa libre de censura y amenazas.

Denis Godoy, 28.781.305, Enrique Valdés, 18.516.054

Marcelo Yacopino, 14.788.199, Arturo Hernández, 13.275.671 Sebastián Ocampo, 27.883.979

Carlos Calvo, 13.079.613, Miguel Ángel Díaz, 14.530.365

Trabajadores de prensa - Allen

A la comunidad de San Martín de los Andes:

Hace algunos años, en 1997 más exactamente, tres alumnos de la Escuela Especial regresaron de Toronto, Canadá, con medallas de oro, plata y bronce, producto de su participación en los Juegos de Invierno, organizados por Olimpíadas Especiales.

¿Recuerdan? Fuimos al aeropuerto a esperarlos con la banda militar y con la presencia de la intendenta de entonces y actual, Luz Sapag. Ingresaron a la ciudad en un camión de los Bomberos, seguidos por una gran caravana de automóviles, sirenas, bocinas; los vecinos en los barrios y el centro, con banderas argentinas, brindándoles aplausos. En fin, toda una fiesta y, más aún, un orgullo.

Hoy, una de aquellas campeonas, una joven de nuestra comunidad, una vecina, está atravesando una situación terrible, como ha sido su vida. Marcada por la falta de estímulo, problemas familiares, abusos, abandono, pésimas intervenciones de las instituciones del Estado municipal. La separaron de sus hijos, fue desterrada de nuestro pueblo, recluida en un hogar en la capital de la provincia, como una paria en la India, una leprosa en la Edad Media, una adolescente excluida en el siglo XXI. No se le brindaron oportunidades, no se le permitió desarrollar sus posibilidades, no se la cuidó, aun sabiendo que vivía en riesgo.

Hoy, como ayer, necesita ayuda para resolver cuestiones de la vida que la superan, como a todos nosotros, sólo que en su caso recibió más frustraciones y certificaciones de "persona con discapacidad", que oportunidades.

Hoy, como ayer, las cosas no han cambiado: la no intervención o aquellas inadecuadas y desarticuladas de la Secretaría de Desarrollo Humano siguen mostrando claramente una política de exclusión de las personas más vulnerables. Hay muchos como ella que sufren las mismas condiciones. Es tiempo de decir ¡basta! De denunciar públicamente la forma más atroz de violencia: la institucional, el manoseo, la alienación de las personas humilladas por la necesidad y sometidas por miedo, condenadas a esperas interminables, a idas y venidas, a realizar trámites burocráticos innecesarios, etc., de quienes deben estar al servicio de la comunidad y se les paga para realizar un trabajo eficiente y efectivo, sustentable en el tiempo y con una real incidencia en las problemáticas sociales.

¿De qué sirve hacer cursos, charlas, talleres, invocar tratados, convenciones internacionales, leyes nacionales y provinciales, si las personas no pueden ejercer sus derechos inalienables porque el Estado municipal las excluyó de sus prioridades?

Si como sociedad permitimos estas arbitrariedades, estamos muy mal.

Cristina C. Sulleiro

DNI 6.705.125

Ex directora y supervisora de Ed. Especial, asesora en Derechos de Niñez, Adolescencia, Familia y Personas con Discapacidad.

Bloque Movimiento Libres del Sur

San Martín de los Andes

Queremos hacer llegar nuestro agradecimiento al personal del Hospital de Junín de los Andes por la atención recibida en todas las oportunidades que la necesitó quien en vida fue Fabio Dusini. Siempre lo atendieron con mucho profesionalismo y, por sobre todas las cosas, le dieron un trato cordial y muy humano. Gracias a todos y a cada uno de los que lo atendieron, así como también al Sr. Horacio Encina que tuvo hasta la amabilidad de recibirnos un día en su domicilio, dándonos contención.

Queremos agradecer muy especialmente al Sr. Mario Merino, quien ante nuestra consulta por alguien que pudiera concurrir a domicilio, ya que Fabio no quería estar en el hospital, de inmediato y desinteresadamente fue a visitarlo dos veces por día, nos acompañó y nos dio contención en esos momentos tan difíciles. Lo que hizo por él y por toda nuestra familia, para nosotros es algo muy grande y difícil de encontrar y, por supuesto, no tiene precio. Le estaremos eternamente agradecidos. Es notable su vocación de servicio y la forma tan humanitaria con la que se maneja.

También queremos agradecer a Geno, Iván, Rosario, Romualdo y Domínguez, quienes lo acompañaron hasta último momento, y a todas las personas que lo trataron afectuosamente.

María Eugenia Pelletieri

DNI 12.471.128

María Esther Dusini

María Adriana Pelletieri

Junín de los Andes

Querido Beto, yo lloro, como tantos otros, tu triste partida.

Hombre humilde y sensible, que interpretó como ningún otro lo que el pueblo le pedía.

Una persona simple y con códigos simples. Un humilde ángel que, teniendo el poder, se iluminaba y realizaba el sueño de mejorar un poco el triste destino de su tan querido pueblo.

Ojalá otros entiendan tu lucha, que bajen un poco y entiendan tu sueño.

Nada es tan importante como mejorar el triste presente de tanta gente herida. Beto querido: no quiero caer en la triste despedida, ni entender tu triste partida como un olvidar nuestros mejores sueños.

Roberto Savasta

DNI 14.251.572

Bariloche

En "Seguros Ambientales", del 29 de julio pasado, la autora afirma que "a partir de la repercusión mediática de la causa Mendoza Beatriz y otros c/Estado nacional y otros s/daños y perjuicios (CSJN, 24/8/2006), conocida como la causa del Riachuelo, las disposiciones de la ley general del ambiente tomaron protagonismo y, dentro de las mismas, el instituto del seguro ambiental" y que en esas circunstancias "la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación (Sayds)... tomó impulso y en tiempo récord publicó un total de seis resoluciones administrativas, tendientes a lograr la implementación de la obligatoriedad del seguro ambiental". Este seguro, precisamos, garantiza la remediación ambiental en el supuesto de un daño cubierto por la póliza.

La Dra. Bril omite señalar, sin embargo, que tales acciones estuvieron dirigidas a complementar el mandato de la Constitución Nacional del año 1994, en el sentido de la creación de una ley de recomposición del daño ambiental (Art. 41: "... El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley...), la cual fue creada recién en el 2002 (ley 25.675 Art. 22) y reglamentada en lo atinente al seguro ambiental en el 2008 mediante las acciones que la Dra. Bril considera que fueron ejecutadas en tiempo récord. Esto es, 14 años si se las mide desde la sanción de la Constitución Nacional y 6 años si se lo hace desde la sanción de la ley. Nuestra pregunta es: ¿cuánto tiempo más deberían haber tomado las autoridades para cumplir con el dictado de las normas que posibilitaron concretar una póliza como la prevista en la ley general de Ambiente? Y la reflexión: ¡cuánto hemos alterado nuestros valores institucionales para que el lapso de 6 años transcurrido para reglamentar un beneficio en favor de la comunidad sea destacado como de fuerte "impulso" administrativo!

Destaca la Dra. Bril, con manifiesta inexactitud, que la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable "incursionó en un tema netamente técnico, como es el instituto del seguro, a fin de alinearlo sí o sí con la protección ambiental". También aquí incurre en una omisión que distorsiona el análisis: en rigor, los estudios técnicos, actuariales y específicos del seguro se llevaron a cabo en forma conjunta por la secretaría mencionada con la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía y la Superintendencia de Seguros de la Nación, organismo de control de la actividad aseguradora, además de la colaboración de distintos representantes del sector privado.

Asimismo afirma la autora que la mencionada Secretaría de Ambiente, al involucrarse en la cuestión del seguro, "incursiona en un tema de índole comercial" cuando, rigurosamente, ante la existencia del seguro, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable actúa para hacer cumplir la ley. En este punto la reflexión es acerca de la conveniencia de recordar que las leyes son para cumplirlas y no para interpretarlas conforme el interés particular de cada ciudadano.

Conviene a esta altura señalar que para las empresas que desean transferir el riesgo ambiental, el mercado asegurador ofrece, desde hace muchos años, seguros facultativos o de contratación voluntaria, que cubren a los patrimonios individuales contra riesgos ambientales.

En cambio, debe diferenciarse esa cobertura de la que brinda el seguro ambiental obligatorio, emanado de la Constitución Nacional y de la ley general de Ambiente, mediante el cual el legislador buscó dar certidumbre a la concreción de la reparación de un daño ambiental en virtud de que en este caso el interés asegurable está a favor del Estado, que representa a la comunidad. Esto es, la cobertura del daño ambiental de incidencia colectiva está orientada a proteger no al patrimonio individual del objeto de la póliza (planta industrial o lo que fuere), sino a la comunidad que lo circunda y a las generaciones actuales y futuras.

De tal forma, al incorporar obligaciones, principalmente la de prevención del daño ambiental, estas leyes hacen que lo que antes eran externalidades negativas que pagaba la sociedad toda, comiencen a internalizarse en los costos de las empresas obligadas. La actividad aseguradora, a su vez, contribuye a diluir estos costos, a aportar previsión a la actividad empresaria y a mejorar asimismo la eficiencia y la razonabilidad en la distribución de los costos ambientales.

Jorge Edgardo Furlan

Presidente de la Cámara Argentina Aseguradora de Riesgo Ambiental