A la comunidad de San Martín de los Andes:

Hace algunos años, en 1997 más exactamente, tres alumnos de la Escuela Especial regresaron de Toronto, Canadá, con medallas de oro, plata y bronce, producto de su participación en los Juegos de Invierno, organizados por Olimpíadas Especiales.

¿Recuerdan? Fuimos al aeropuerto a esperarlos con la banda militar y con la presencia de la intendenta de entonces y actual, Luz Sapag. Ingresaron a la ciudad en un camión de los Bomberos, seguidos por una gran caravana de automóviles, sirenas, bocinas; los vecinos en los barrios y el centro, con banderas argentinas, brindándoles aplausos. En fin, toda una fiesta y, más aún, un orgullo.

Hoy, una de aquellas campeonas, una joven de nuestra comunidad, una vecina, está atravesando una situación terrible, como ha sido su vida. Marcada por la falta de estímulo, problemas familiares, abusos, abandono, pésimas intervenciones de las instituciones del Estado municipal. La separaron de sus hijos, fue desterrada de nuestro pueblo, recluida en un hogar en la capital de la provincia, como una paria en la India, una leprosa en la Edad Media, una adolescente excluida en el siglo XXI. No se le brindaron oportunidades, no se le permitió desarrollar sus posibilidades, no se la cuidó, aun sabiendo que vivía en riesgo.

Hoy, como ayer, necesita ayuda para resolver cuestiones de la vida que la superan, como a todos nosotros, sólo que en su caso recibió más frustraciones y certificaciones de "persona con discapacidad", que oportunidades.

Hoy, como ayer, las cosas no han cambiado: la no intervención o aquellas inadecuadas y desarticuladas de la Secretaría de Desarrollo Humano siguen mostrando claramente una política de exclusión de las personas más vulnerables. Hay muchos como ella que sufren las mismas condiciones. Es tiempo de decir ¡basta! De denunciar públicamente la forma más atroz de violencia: la institucional, el manoseo, la alienación de las personas humilladas por la necesidad y sometidas por miedo, condenadas a esperas interminables, a idas y venidas, a realizar trámites burocráticos innecesarios, etc., de quienes deben estar al servicio de la comunidad y se les paga para realizar un trabajo eficiente y efectivo, sustentable en el tiempo y con una real incidencia en las problemáticas sociales.

¿De qué sirve hacer cursos, charlas, talleres, invocar tratados, convenciones internacionales, leyes nacionales y provinciales, si las personas no pueden ejercer sus derechos inalienables porque el Estado municipal las excluyó de sus prioridades?

Si como sociedad permitimos estas arbitrariedades, estamos muy mal.

Cristina C. Sulleiro

DNI 6.705.125

Ex directora y supervisora de Ed. Especial, asesora en Derechos de Niñez, Adolescencia, Familia y Personas con Discapacidad.

Bloque Movimiento Libres del Sur

San Martín de los Andes