BUENOS AIRES, ZAPALA y ROCA (ABA/AZ/AR).- El gobierno nacional ratificó que continuará con las medidas implementadas en materia de incremento de tarifas de gas, al considerar que el mismo ajuste abarca tan sólo al 18% de la población total del país y entre el 8% y el 9% en la región. Anunció que la decisión es apelar todos los amparos; en el caso del que se tramita el Roca, lo hizo pero fuera del plazo legal.
Así lo afirmó a "Río Negro", el interventor del Enargas, Antonio Luis Pronsato, que resaltó que el cargo que pagan los usuarios residenciales de mayor consumo es solamente para comprar el gas a Bolivia y el que se trae en barco.
Ayer se conoció un nuevo fallo contra la implementación de este cargo: el juez federal de Zapala, Rubén Caro, ordenó de manera preventiva que se abstenga Camuzzi de cobrarlo.
En Roca, Camuzzi interpuso un recurso de apelación contra la medida cautelar que había dictado la justicia federal, por la que se exime provisoriamente a los usuarios del pago del aumento. Se remitió a la Cámara, que tiene un plazo de 48 horas para resolver.
La apelación tiene efecto en la jurisdicción del juzgado de Roca: desde Catriel a Río Colorado. Sin embargo, similar proceso recursivo podría iniciarse Bariloche y Viedma.
"Estamos inyectando desde Bolivia y también con el combustible que trae la barcaza, unos 15,5 millones de metros cúbicos por día. Eso indudablemente tiene un costo, que no se le puede cobrar a las personas de menores recursos", puntualizó el titular del Enargas. Pronsato aseguró que gracias a ese incremento se puede financiar la compra de gas adicional y por eso "este año no hubo cortes de servicio para nadie".
"Hay que considerar que en los últimos dos años hubo diversos cortes en el suministro. Eran grandes titulares de los diarios. En cambio, a partir de estas decisiones que se han adoptado no hay ningún problema con el suministro", enfatizó.
Paralelamente, sostuvo que el porcentaje de la población que abona el cargo (aumento) en la tarifa de gas en la región es baja: en Neuquén lo abona el 8,42% de la población y en Viedma alcanza al 9%. Explicó que lo que ha buscado el Gobierno es disminuir los subsidios en determinados sectores de la sociedad, como una forma concreta y equitativa para poder ayudar a los sectores de la población de recursos bajos y medios.
"Hay distintas regiones en el país y diversas situaciones. En el caso de Villa La Angostura, por ejemplo, el promedio que abarca el cargo en los usuarios residenciales es mayor a la media de todo el país", comentó el titular del Enargas.
A su vez, resaltó que "ninguna manera existen incrementos de tarifas de gas en el país del orden del 400%, como salió publicado en algún matutino. En realidad, no llegan ni siquiera a la mitad", enfatizó el funcionario.
Por otro lado, admitió que en la región se observa como un "aluvión" de pedido de freno del ajuste en la Justicia, aunque aclaró que el gobierno nacional apela esas resoluciones.
El juez Caro concedió la medida cautelar del amparo presentado por el intendente de Zapala, Edgardo Sapag, y ordenó a Camuzzi que se abstenga de percibir los incrementos tarifarios de gas contemplados en el decreto 2067/08. También intimó a la firma para que no realice cortes del servicio a los usuario. El magistrado decidió aceptar a Sapag como representante de los derechos de los vecinos de la ciudad ante la inexistencia de otros organismos de defensa al consumidor.
El juez dispuso que en cuatro días, el Estado, Enargas y Camuzzi "remitan un informe detallado con antecedentes y disposiciones legales".
