Es investigado por haber vendido medicamentos robados al Estado y por mantener relación con los protagonistas del triple crimen que destapó la ruta de la efedrina en la Argentina. Además, a través de terceros habría aportado casi un millón de pesos a la campaña de Cristina Fernández de Kirchner. Se llama Néstor Lorenzo y pese a sus vínculos con el poder hace un culto del secreto de su imagen. De hecho, muy pocos conocían su cara, a pesar de que la ministra de Salud, Graciela Ocaña, lo había comparado con el fallecido empresario postal.
Una investigación del diario "Perfil" permitió conocer su rostro y detalles de los puntos por los que se lo investiga.
Hasta que los cuerpos de tres empresarios ligados a la salud aparecieron fusilados en un descampado del conurbano, la sociedad desconocía la magnitud del negocio ilegal de los medicamentos.
El triple crimen tiró de la punta del ovillo. En la historia se cruzaron laboratorios, cárteles de la droga, funcionarios públicos, financiación de campañas y espías.
Todas las piezas parecen encajar en un mismo rompecabezas. Y según la Justicia, el que articula las piezas es Néstor Osvaldo Lorenzo (53), un misterioso empresario de la industria farmacéutica al que la ministra de Salud, Graciela Ocaña, calificó como el "Yabrán de los medicamentos".
La comparación no parece casual. Al igual que ocurría con el empresario postal, Lorenzo hace del anonimato un culto, no se deja fotografiar en público y se mueve en un taxi que está a su disposición las 24 horas, probablemente para evitar que lo sigan.
Tanto se cuida que ni la Justicia federal, que allanó su casa y sus empresas, tiene fotos de él. En el rubro farmacéutico todos lo sintieron nombrar alguna vez, pero pocos le vieron el rostro. Ni siquiera el entorno de Ocaña sabía cómo era su cara.
Pero este señor de pelo corto y canoso y mirada severa es investigado por la venta de medicamentos robados, entre otras instituciones al Hospital Francés, por haber aportado a la campaña de Cristina Fernández de Kirchner, a través de terceros, casi un millón de pesos y por sus vínculos con los protagonistas del triple crimen que destapó la ruta de la efedrina en la Argentina. El diario "Perfil" intentó comunicarse con él en reiteradas ocasiones. El interés fue transmitido a su esposa y a su secretaria, pero Lorenzo nunca respondió.
Lorenzo es un tipo acostumbrado a codearse con el poder. Durante el primer gobierno de Carlos Menem, el hombre fuerte de la salud comandaba una importadora, Summun, que proveyó al Estado de leche contaminada. Sus socios eran Carlos Spadone y Miguel Ángel Vicco.
Los tres fueron fervorosos aportantes de la campaña del riojano.
Siempre según el informe del diario "Perfil", alrededor de Lorenzo todo suena sospechoso. Lo protege un ex informante de la SIDE y de la DEA, Julio César Pose, que había custodiado a Sebastián Forza, uno de los asesinados en el triple crimen.
Lorenzo "es un tipo realmente pesado y peligroso", confió una fuente en Comodoro Py al calificar a Lorenzo. De hecho quienes acompañan a Ocaña sospechan que del entorno del empresario provinieron los llamados intimidatorios que recibió en las últimas semanas.
Quienes lo conocen juran que el empresario tiene carácter arrogante, casi siempre viste de traje y tiene la costumbre de incorporar insultos a su vocabulario. "Me quieren cagar pero yo los voy a cagar, hijos de puta", les habría dicho a varios empleados del Centro Oncológico platense, luego de que le reclamaran una deuda por salarios.
En el 2006 el fiscal Carlos Stornelli lo denunció por la presunta venta de medicamentos robados al Estado.
La maniobra quedó a la intemperie cuando la droguería San Javier, propiedad de Lorenzo, empezó a intimar por "error" a los pacientes del Hospital Francés para que pagaran remedios que eran de cobertura gratuita.
"Fueron tan desprolijos que sorprende. Como el Francés no le pagaba, alguien de la droguería aconsejó mandar intimaciones a los pacientes, que tenían que recibir el tratamiento de manera gratuita. Como empezaron a llegarles cartas documento con intimaciones de pago por montos superiores a 15.000 pesos, los pacientes lo denunciaron. Así se inició todo", confesó a "Perfil" un investigador cercano a Oyarbide, quien ahora está llevando adelante la causa.
