La ley que estatiza los ahorros jubilatorios de algo menos de 10 millones de personas y devuelve al Estado el monopolio de la seguridad social que anoche se festejó como un acto de soberanía, podría convertirse en pocos años más en un monstruo de mil cabezas, dispuesto a engullirse a los gobiernos que vendrán.

Si la discusión de este pasaje de apuro del dinero depositado en las AFJP a la ANSES se hubiera dado en términos razonables y no sólo en un mes o si se hubiera hecho algún cálculo actuarial mínimo, se habría comprobado que la relación entre aportantes y beneficiarios resultará deficitaria en el tiempo en miles de millones de pesos al año, salvo que se utilicen más recursos tributarios para cerrar el bache o que las colocaciones de la ANSES puedan gambetear la voracidad del Estado y el eventual deterioro inflacionario.

Este probable choque de planetas en un período no demasiado largo, augura para los jubilados de mañana un futuro tan poco venturoso como el que padecen los actuales, algo más de 70% de ellos ubicados hoy en un haber mínimo que está nítidamente por debajo de la línea de pobreza. Este nuevo "viaje ahora y pague después" de la política económica argentina, resuelto a impulso del Ejecutivo con más chicanas que debate, ha dejado la sensación de que el Congreso legisla sólo para el corto plazo y, además, el convencimiento de que será finalmente la Justicia la que dirimirá la cuestión.

La aprobación del nuevo Sistema Integrado Previsional Argentino muestra, lógicamente, ganadores y perdedores y, entre los primeros, el traspaso compulsivo ha resultado una especie de hito ideológico para aquellos que defienden, desde las convicciones, que la previsión social debe ser atendida por el Estado.

Por otro lado, su instauración le genera al gobierno un importante alivio para encarar el año 2009 con cierta holgura fiscal y con fondos frescos para obras públicas de rápida ejecución (cloacas, pavimentos, pluviales, etc.), caballito de batalla en un año eleccionario. En otro plano, la confiscación le quita un peso de encima a las propias AFJP, ya que salen del negocio sin hacer ruido y con el cobro de una indemnización, en una actitud de pasividad que a muchos les suena casi como de connivencia con el gobierno .

Por el lado de la obediencia debida que mostraron diputados y senadores oficialistas, quedó en claro que una vez más se tiró por la borda el federalismo fiscal, ya que muy pocos han defendido con razonabilidad la necesidad de fondos adicionales que tienen las provincias, muchos de ellos menguados cuando se armó el sistema privado.

En cuanto a los aportantes de las AFJP, quienes respaldados por la ley acumularon un patrimonio durante 14 años y quienes, además, optaron libremente por no pasarse al Estado, debido a su triste record de estafas sucesivas a jubilados de tres generaciones, han tenido en general un comportamiento bastante contemplativo. El gobierno manejó el discurso y los tiempos con picardía y se quedó con una victoria que hoy le arrima una Caja importantísima, pero que en pocos años puede convertirse en foco de graves problemas para sus sucesores. "A lo Pirro", como enseña la historia, cuando el daño del vencedor es más grande que el del vencido.

HUGO E. GRIMALDI