NEUQUÉN (AN/ACE).- Los militares acusados de delitos de lesa humanidad parecieron ponerse de acuerdo y ayer, al ser convocados a que prestaran declaración indagatoria, se abstuvieron de hablar. Algunos se dieron por expresados en lo que dijeron oportunamente ante el juez de instrucción, en los que negaron sistemáticamente los cargos que se les atribuyen (ver aparte).
El silencio enardeció a los familiares de las víctimas, quienes descargaron su indignación traducida en llantos y gritos de repudio, primero en la sala al concluir la audiencia y luego en la calle cuando los militares fueron subidos al utilitario que los llevó a la prisión al finalizar la jornada (ver recuadro).
La expectativa de que los acusados hablaran su fue disipando cuando uno a uno desfilaron frente al tribunal y ante el interrogatorio presidente del tribunal, Orlando Coscia, se limitaron a dar sus datos personales. "Haré silencio; no hablaré; no voy a declarar...", fueron diciendo cuando les preguntó si darían su versión de los hechos que les imputan.
Lo que se supo es que Enrique Olea se retiró del Ejército, en el '87, con el grado de general de brigada; Mario Gómez Arenas, en el '83, como coronel; Luis Farías Barrera, en el '78, como mayor; Jorge Molina Ezcurra, en el '95, como coronel. Sergio San Martín, se retiró en el '94, como teniente coronel; Oscar Reinhold, en el '87, como coronel; Hilarión de la Pas Sosa, en el '89, como coronel médico y Francisco Oviedo, en el '88, como suboficial mayor.
El juez les dijo que al finalizar los testimonios les volverán a ofrecer la ocasión de que hablen. Sobre la probabilidad de que la usen, el defensor de Olea, José O'Reilly, por ejemplo, dijo que "todo depende de cómo se den las cosas. Lo determinaremos en su momento". La audiencia de ayer se inició con la apertura de la etapa de planteos preliminares, pero ni defensores ni querellantes hicieron presentación alguna sobre cuestiones de fondo.
Ivana Dal Bianco, del Centro de Profesionales de Derechos Humanos (Ceprodh), reclamó sobre el rechazo del tribunal a considerar la posibilidad de cambiar el escenario, pero Coscia replicó pidiéndole fundamentos y, al margen de la argumentación de la quere
llante, el tema se cerró con un "téngase presente" del juez. Los representantes de la Asamblea por los Derechos Humanos de Neuquén (APDH) adhirieron.
Sólo el defensor de Reinhold, Eduardo Peralta, hizo un planteo: reclamó al tribunal que haga cumplir el artículo del Código Penal (369) que alude a las garantías que debe tener un imputado de que no se lo agreda y del comportamiento que debe guardar el público. Ello ante los insultos de la gente a los imputados. El resto de los defensores adhirió.
Reinhold, Farías Barrera, Gómez Arenas y Oviedo, a través de sus defensores, solicitaron no concurrir a las audiencias durante las testimoniales, en función de facultades que les asisten.
El Ceprodh se opuso y planteó, subsidiariamente, que se los obligue a concurrir al edificio.
El fiscal Manuel de Reyes Balboa admitió el derecho que les asiste de no participar de las audiencias, pero pidió que los obligue a estar en el edificio. Además desestimó de tres testigos.
Las audiencias se reanudarán el lunes a las 9 (inicialmente iba a ser a las 8.30). Están citados como testigos el ex juez federal Rodolfo Rivarola, la dirigente de la APDH Noemí Labrune, el sacerdote Rubén Capitanio, Mirta Mántaras e Ignacio López Proumen.
