El defensor del Pueblo adjunto, Ignacio Gandolfi, recibió las críticas, en el Foro de Salud Mental Comunitaria, por las declaraciones que hizo la defensora Ana Piccinini cuestionando la implementación real de la 2.440. "Hay que sincerar la ley", continúa repitiendo Piccinini, con el acompañamiento de su segundo e integrantes del equipo.
Para expresarse así se basan en un expediente cargado de testimonios de familiares de pacientes mentales que no han podido insertarse en la comunidad como prevé la ley, que no han recibido la atención que su círculo íntimo espera del Estado y que, según dicen los denunciantes, enfrentan riesgos permanentes para sí y para terceros.
"Estoy de acuerdo con la desmanicomialización, pero no en situaciones como ésta en la que está en riesgo la vida del enfermo, de su familia y de terceros", dice una madre desesperada en su nota manuscrita enviada a la defensora. "En tres oportunidades mi hijo me apretó el cuello para matarme, después sale a pedir monedas a la gente en la calle, les pega a los hermanos, porque por momentos los desconoce", relata con angustia. Termina pidiendo ayuda para lograr la internación de su hijo en otra provincia.
Los casos como éste se suman con frecuencia. Muchos, relacionados con problemáticas de adicciones, situaciones que se multiplican mes a mes y adquieren mayor gravedad. La voluminosa carpeta incluye también pedidos de informes al Ministerio de Salud -y a cada uno de los hospitales de la provincia-, al Ministerio de la Familia, reuniones con el Superior Tribunal de Justicia, entre otros trámites llevados a cabo por la defensora en busca de recopilar datos sobre esta compleja cuestión.
