"La dificultad mayor que tenemos es con aquellas personas con padecimiento mental que, tanto las pericias que les realiza el cuerpo médico forense como los estudios del equipo técnico de Salud Mental, después de haber intentado distintos tratamientos, diagnostican que se requiere la internación en un lugar de puertas cerradas, que no tenemos", explicó la defensora de Menores e Incapaces de Cipolletti, Marissa Palacios.

La defensora indicó que "se hacen acuerdos o convenios en lugares donde la legislación lo permite. Eso trae un montón de inconvenientes porque los aleja de su familia. Mi opinión es que nos sacamos el problema de encima".

"Cuando los familiares llegan a la Justicia es porque ya han intentado todo y no han podido. La ley no es mala, pero no se han implementado todas las cosas que prevé", agregó.

Recordó que tiempo atrás "los organismos se tiraban la pelota unos a otros y no sabían quién debía intervenir, por eso aún hay gente en la calle, sin contención, que en los expedientes dice claramente que son peligrosos para sí y para terceros. Lamentablemente es frecuente que esto ocurra, en especial en relación con las adicciones".

Destacó Palacios que "hay mucha buena voluntad en las distintas instituciones, pero falta la voluntad política de que haya recursos adecuados para contener a las personas con padecimientos mentales severos".

El trámite judicial lo inicia generalmente la familia. La defensora interviene solicitando al juez de Familia una medida de protección de persona. El magistrado convoca al equipo técnico de Salud Mental para que diagnostique y recomiende las medidas adecuadas de manera urgente para compensarlo. "A veces todo eso se concreta rápidamente y a veces no tenemos noticias, o falta la ambulancia o no hay camas disponibles o múltiples inconvenientes", dijo Palacios. "La gente reitera los reclamos, los cuadros se agravan y no hay respuestas. No está resuelta la problemática. Hay mucho para hacer", concluyó.