Las hojas amarillentas de los diarios del archivo no dejan dudas: los rionegrinos saben qué hacer en Salud Mental desde hace casi 20 años, pero no encuentran la forma de pasar de las palabras a los hechos.
En junio de 1991 salió de la Legislatura la 2.440 -conocida como ley de Desmanicomialización- que reguló el funcionamiento de institutos psiquiátricos en la provincia. Plasmó en su texto el convencimiento colectivo de que para todo ser humano es esencial vivir dignamente y en libertad, sufra o no de alguna dolencia. Y que para eso, entre otras cosas, es necesaria una política de salud mental que promueva que cada uno logre incorporarse a la comunidad sin riesgos para sí ni para terceros.
Sin embargo, inmediatamente después al nacimiento de la norma, se reiteraron reclamos y demandas de usuarios directos, familiares o allegados. Pasaron los años, cambiaron algunos funcionarios, ingresaron o salieron pacientes del sistema, pero el espíritu de la 2.440 fue ratificado.
Cada tanto, las quejas acumuladas obligaron a acomodar el rumbo con medidas complementarias. En 1998, por ejemplo, cuando los casos sin resolver ocupaban ya muchas páginas, se reglamentó la ley. Hubo algunos retrocesos, como cuando en el 2000 el gobernador Pablo Verani decretó que los jueces penales podían ordenar el alojamiento en lugares de detención de personas imputadas en delitos graves y declaradas insanas.
A pocas páginas queda claro que tampoco aquella reforma pudo acallar los cuestionamientos y las críticas de amplios sectores de la comunidad.
La mayoría de las deudas sin saldar parecen estar relacionadas con la atención integral y amplia, especialmente para aquellos sufrientes mentales víctimas de alguna otra marginación social y para la contención de familiares, allegados o desafortunados terceros que puedan correr o hayan corrido riesgos por la acción de personas con desequilibrios complejos y tratamiento ambulatorio.
En estos años, grandes titulares informaron del caso de madres que asesinaron a sus hijos, de jóvenes que eliminaron a familiares o de internos que se lesionaron o lastimaron a terceros cuando debían estar al amparo del Estado. Perdidos entre las noticias se suceden agresiones diversas, abusos de menores y suicidios protagonizados por sufrientes mentales sin contención. Aunque estos extremos son sólo un costado del problema.
Llegamos a la actualidad cruda y difícil, pero también en algún punto esperanzadora. Las fallas en la implementación, sucesivas y reiteradas por casi 20 años y que perduran, no han podido torcer aquella idea del 91 reflejada en las manos alzadas de la mayoría parlamentaria.
La semana pasada el Foro Patagónico de Salud Mental Comunitaria que se reunió en Viedma volvió a fijar el timón hacia la desmanicomialización, aunque admitió algunas falencias en la puesta en práctica de los párrafos normados y reglamentados. Mientras tanto, legisladores de distintos bloques, referentes de la Justicia y funcionarios del Ministerio de Salud conformarán en los próximos días la Comisión de Seguimiento del cumplimiento de la 2.440 y accesorias, una tarea hasta ahora pendiente.
El cuerpo deberá relevar qué aspectos de la política sanitaria se pusieron en marcha, definir cuáles habría que corregir y hacer efectivos y, además, recomendar, desde los distintos sectores, las acciones necesarias para garantizar que el espíritu de la ley se haga visible.
Al mismo tiempo, en la Defensoría del Pueblo se siguen acumulando testimonios de personas afectadas por acciones de los pacientes con problemas mentales, los defensores de menores e incapaces chocan contra las paredes ante la obligación de intervenir, los jueces ordenan medidas que los hospitales y la sociedad en su conjunto no cumplen, mientras muchos "locos", "insanos" o "sufrientes" -como guste llamarles (o si prefiere "personas", simplemente)- han quedado librados a la buena de Dios, sin contención. Deambulan por las calles. O terminan internados, aunque lejos de la Provincia, lo que suma a sus múltiples problemas, la soledad y el desarraigo.
En Salud Pública priorizan el tratamiento ambulatorio
La directora de Salud Mental de la provincia, Diana Jerez defiende la ley 2.440 a capa y espada y aunque reconoce algunas falencias destaca la labor y el crecimiento
que en los últimos tiempos asegura que evidenció el servicio del área a su cargo. "Se atiende en los hospitales y en los centros de salud, se basa en la atención comunitaria. La preocupación de de los familiares es un tema que se confunde, porque uno puede consultar como allegado, pero a veces los padecimientos no son de una persona sino del grupo familiar", indicó la profesional.
Hay en la actualidad cinco centros socio comunitarios, en Roca, Viedma y El Bolsón desde mediados de los '90 y ahora se sumaron Cinco Saltos y Bariloche. "Ahí llegan personas que están en el sistema y son enviados para hacer talleres o actividades, con inclusiones comunitarias. Asisten cuando requieren algún tipo de contención o de cuidado especial. No es una internación, es un espacio comunitario entre una persona que tiene crisis y la sociedad que lo rodea", cuenta.
Para Diana Jerez "los usuarios de Salud Mental son como cualquier otro tipo de pacientes que se atiende por alguna patología".
- ¿Si el caso de Charly García hubiera ocurrido en Río Negro, cómo habría sido tratado?, preguntó "Río Negro".
- "Se lo interna, como se interna a 1.450 personas anuales por un promedio de 11 días. Sólo un 15 por ciento recae. Luego se plantea la estrategia a seguir. En caso de adicciones hay comunidades terapéuticas que son privadas o de ongs. La Provincia ha derivado siete pacientes en seis meses a Asumir en Bariloche y a Transitar en Cipolletti, pero se intenta evitar que se llegue a eso. Es el último recurso. Cuando son de carácter involuntario por parte de la Justicia los resultados son nulos", agrega Jerez.
El ámbito público cuenta con empresas sociales que funcionan con tratamiento ambulatorio donde trabajan, comparten y realizan actividades diversas. "Para los casos de sufrimiento mental grave, gracias a la psicofarmacología y al modelo de trabajo de Río Negro se requiere una internación muy breve de la persona -generalmente se hace en los hospitales-, no se justifica que alguien esté internado prolongadamente. También se hacen visitas domiciliarias, tareas de inserción sociolaboral, asociaciones de usuarios y familiares, grupos terapéuticos, grupos comunitarios. Lo ambulatorio es el fuerte nuestro", dice la directora de Salud Mental..
No obstante reconoce que "hay viejas deudas sociales, como la falta de viviendas y la efectiva consolidación de redes sociales, Debería estar todo el aparato del Estado dispuesto a atender a las familias y darles la cobertura de salud que necesitan, implementando dispositivos que permitan que la persona esté cuidada en su núcleo íntimo. Hace falta un compromiso de todos", sentenció.
Mucho por hacer
Aún muchas personas con problemas mentales recorren las ciudades en virtual estado de abandono. Decenas de familias en Río Negro claman por respuestas a sus pedidos de asistencia para alguno de sus integrantes enfermos. Los sectores económicamente marginados incluyen también a sufrientes mentales con escasa o nula contención, mientras que quienes cuentan con mayores recursos pueden recurrir a la asistencia privada dentro o fuera de la provincia, que no siempre tienen los más necesitados. En 17 años de vigencia de la ley, su espíritu de promover la plena inserción comunitaria de los sufrientes mentales no se ha visto reflejado en todas las acciones necesarias para su efectivo cumplimiento.
El texto, arraigado en profundas convicciones de defensa de los derechos humanos de los pacientes del servicio de salud mental, no ha sido completamente consolidado en la acción concreta de los actores sociales responsables de su puesta en marcha, con un Estado que, aun a pesar de tener el rumbo impuesto con la ley 2.440 desde 1991, no ha podido mantener firme el timón, incorporando al sistema los recursos necesarios para su total implementación.
PEDRO CARAM
pcaram@rionegro.com.ar
