Si algo clarificó la reunión entre el cuestionado secretario de Transporte, Ricardo Jaime, y el titular de la Federación de Transportistas Rurales, Carlos Di Nunzio, es el pandemónium que hay entre los camioneros sobre las rutas.

Hasta los medios cayeron en la confusión de titular con excitación el fin de los piquetes. La información duró un suspiro. Periodistas y oyentes-lectores se desayunaron de que la Confederación de Transporte Automotor de Cargas, que dirige Rubén Agugliaro, representa sólo una porción de la protesta; que Di Nunzio era vicepresidente hasta que se peleó con Agugliaro y renunció; que el resto de las cámaras no se ven representadas, y que, por si fuera poco, están también los "autoconvocados" que no responden a orgánica alguna.

¿Que hay de las entidades agrarias? Después de haber sido desalentadas por la decisión de la presidenta de desmochar el debate de las retenciones con un dudoso Plan Social, los cuatro integrantes mantuvieron un perfil bajo y levantaron el paro. Pero ayer volvieron a la carga y recomendaron a los productores de que no vendan granos "hasta que las condiciones no resulten convenientes". La Federación Agraria pivoteó la línea dura.

Resultaba evidente la escasa propensión al acatamiento de parte de muchos agricultores: la indignación es grande.

Por otra parte, nunca se confesará, pero anidaba en algunas entidades la convicción de que los camioneros se habían transformado en aliados de un reclamo visceral como el de las retenciones, que el campo ya no podía sostener encima de las rutas por su maltrecha condición.

Como la reunión Jaime-Di Nunzio y la apelación de la propia presidenta de levantar los cortes no dieron los resultados esperados, a media tarde el gobierno anunció una ofensiva judicial, que "garantiza la libre circulación en todas las rutas del país" e instruye a las fuerzas federales a denunciar piquetes ante la Justicia.

Parece el remedo de la medida tomada por Rodríguez Zapatero en España cuando anunció "tolerancia cero" en las rutas tomadas por camioneros.

Pero hay una diferencia: el jefe del gobierno español -exponente de una izquierda moderada- vio irrumpir un casi desconocido fenómeno de piqueterismo y actuó con la firmeza de un hombre de Estado preocupado por la institucionalidad, no por su ideología.

En Argentina, no suena convincente la decisión de Cristina, por la sencilla razón de que la experiencia de los Kirchner se ha limitado a tolerar piquetes, e incluso promoverlos.

Al gobierno no le será nada fácil resolver un desaguisado en las rutas tan descomunal como inorgánico -con consecuencias angustiantes para el país- si elude el problema de fondo de las retenciones confiscatorias y la falta de una política agraria, si persiste en manipular actores, y si intenta hacer creer que el conflicto sólo se extirpa con instrucciones sobre las que no se está convencido.

ÍTALO PISANI

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