BAJADA DEL AGRIO.-Pueblo chico infierno grande. Por estos días los 1.500 habitantes de Bajada del Agrio, ubicada a unos 60 kilómetros de Zapala, no hablan de otra cosa que no sea de la denuncia contra el intendente Aramid Santos Monsalve, al que un vecino acusó ante la Justicia de intentar sobornarlo para que no revelara presuntas y gravísimas irregularidades que van desde la coima al manejo doloso de los fondos y planes sociales, un robo al municipio aparentemente fingido, pasando por persecuciones a empleados y amenazas de muerte.

Javier Sepúlveda, ex director de Deportes de la comuna, dice que tiene pruebas que demuestran las irregularidades e involucra no sólo a Monsalve, sino también a su secretario de Gobierno y candidato a intendente por el MPN, Mario Castro, y al ex titular de Hacienda, Rubén Sandoval.

Entre la gran cantidad de pruebas que le aportó al fiscal Marcelo Jofré se destacan dos videos obtenidos a manera de cámara oculta en los que Monsalve supuestamente revela que recibe dinero de funcionarios provinciales para hacer política en el interior y que esos recursos provienen de extorsiones a empresas petroleras.

Monsalve lleva dos períodos al frente del municipio y ocupa el décimo quinto lugar en la lista de candidatos a diputados del partido provincial para los comicios del 3 de junio.

Sepúlveda es afiliado al MPN, pero advierte que no milita y que con la presentación de esta denuncia "no tiene ningún interés secundario y menos aún político".

El caso llegó a la prensa a través del diputado justicialista Ariel Kogan, que según Sepúlveda denunció previamente el caso ante el gobernador Jorge Sobisch y el jefe de Gabinete, Jorge Lara.

De acuerdo al relato de Sepúlveda, en los videos consta que Monsalve le ofreció 7.000 pesos cada quince días y hasta su auto particular, un Fiat Palio, para que no lo denunciara.

"Río Negro" intentó ubicar al intendente en su pueblo pero fue imposible. Horas más tarde, Monsalve accedió al diálogo, ya en Zapala, pero solicitó que no se le tomaran fotografías. "Esto es una maniobra de extorsión política, estoy tranquilo porque hice las cosas bien y la justicia será la que determine quién miente", señaló.

Sepúlveda denunció el caso ante la fiscalía de Zapala el 5 de junio del año pasado y diez días después la justicia allanó el municipio y secuestró gran cantidad de documentación. Voces cercanas al fiscal confirmaron la existencia de la denuncia pero no brindaron más detalles dejando entrever que todavía quedan pericias por realizar.

Además de los videos y denuncias de amenazas a él y a empleados municipales, el denunciante dijo que presentó documentación que prueba la falsificación de firmas en la secretaría de Acción Social, a cargo de Castro.

Sepúlveda sostuvo que en la causa consta que al menos dos testigos dicen que quien ingresó al municipio en Semana Santa de este año, alrededor de la medianoche, para violentar la caja de seguridad con una amoladora es Castro. "Sin embargo me quisieron culpar a mí del robo", dijo.

-Usted le hizo una cámara oculta, ¿en qué época? -se le planteó.

-Más a menos en marzo, porque antes juntamos documentación y cuando tuvimos las cosas concretas actuamos -respondió.

-¿Donde la hizo? ¿Usted lo citó o él le ofreció ir?

-El siempre iba a mi casa porque sabía que lo estaba investigando y lo que intentaba era sobornarme para que no lo denunciara. Yo quería que me confirmara en la filmación que lo que yo estaba denunciando era verdad. Entonces, a través de algunas estrategias, hicimos que me comentara y confesara todos los negocios turbios vinculados a su gestión. Ahí detalla lo que venían haciendo y lo más grave es lo de los funcionarios provinciales.

¿Nombra a alguno en particular?

No, sólo dice "funcionarios".

¿Dice a qué petroleras coimean?

No especifica.

¿Le ofreció dinero?

Sí, me ofreció 7.000 pesos cada quince días porque se lo iban a dar los funcionarios y un Fiat Palio. (AN/AZ)

ARIEL LEONHARDT Y NESTOR MATHUS