SANTA CRUZ, Bolivia (AFP) - El presidente izquierdista Evo Morales enfrentó ayer una fuerte arremetida de fuerzas de oposición de derecha que paralizaron con barricadas cuatro importantes regiones de Bolivia, en el peor momento del gobernante indígena en siete meses de gestión.
Una huelga convocada por organizaciones cívicas y empresariales, partidos de derecha y prefectos (gobernadores) de Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando, afines a agrupaciones conservadoras, paralizó parcialmente esas ciudades y logró cerrar las fronteras con Argentina y Brasil.
La movilización -que comenzaba a declinar al caer la tarde- se nutrió de "aportes económicos de poderosos grupos empresariales y la infraestructura de prefecturas y alcaldías locales", sostuvo el gobierno en un comunicado.
La administración Morales evaluó la medida de fuerza como "violenta, vandálica, agresiva", según el portavoz Alex Contreras, mientras el prefecto (gobernador) de Santa Cruz, Rubén Costas, consideró que fue "una fiesta, un éxito".
"Hoy más que nunca el país sabe que aquí en Santa Cruz está la esencia misma de la estabilidad y la posibilidad de construir un país con futuro como siempre lo hemos venido proponiendo", proclamó Costas.
Por su parte, el titular del político empresarial Comité Pro Santa Cruz (CPSCZ), Germán Antelo, propulsor de la protesta contra la supuesta política "totalitarista" de Morales, dijo que el paro fue "reactivo".
"Reaccionamos ante el incumplimiento de la ley y la Constitución. Queremos que en el país se reinstale la ley, la norma (..) Los cuatro departamentos con todas sus provincias ha asumido que éste es el camino que debemos llevar en el país", enfatizó.
Grupos antagónicos de opositores y oficialistas protagonizaron duros choques verbales y agresiones mutuas que indujeron a la policía a utilizar bombas lacrimógenas para dispersarlos en Santa Cruz, Tarija y Cobija, capital de Pando. El gobierno insistió en calificar el paro como "parcial y armado", que se impuso por la fuerza "por hordas fascistas, sicarios" desplegados en calles y carreteras de esas cuatro ciudades.
Además enfatizó que "la mayoría del pueblo boliviano sabe que el verdadero objetivo de esta huelga es frenar el proceso de cambio que vive nuestro país, encaminado hacia un nuevo modelo económico de justicia social y recuperación de sus recursos naturales estratégicos y hacia un nuevo modelo político de inclusión de las mayorías nacionales".
Las autoridades dijeron que detrás del movimiento regional está el ex presidente de derecha Jorge Quiroga que, a pesar de haber sido derrotado en las urnas dos veces por Morales, controla cuatro de nueve gobernaciones, luego de que los prefectos de Cochabamba y La Paz se desmarcaran de su control.
Morales, primer indígena en ser presidente en 181 años de vida republicana, criticó antes del paro que la actitud de algunos "sectores que tratan de marginar, de excluir, de odiar, de despreciar, tiene que terminar". "Cuando hablan de paro siento que es el odio, el desprecio al movimiento indígena originario, hemos recibido muchos insultos, nuestros constituyentes han recibido insultos, provocaciones", lamentó el mandatario.
La huelga según el gobierno es una "conspiración contra la nacionalización de hidrocarburos y una conspiración contra la Asamblea Constituyente", donde Morales intenta -con una mayoría absoluta, aunque insuficiente para obtener los dos tercios de los votos que necesita - aprobar una nueva Constitución que establezca la "refundación del país".
La oposición, encabezada por Podemos, la formación de Quiroga, amparada en los comités cívicos de cuño conservador, resiste la propuesta de Morales.
Una Unión Cívica Juvenil Cruceñista, grupo de choque de la ultraderecha, movilizó centenares de activistas, muchos de ellos ebrios, para levantar barricadas y obligar a la población a acatar el paro. La huelga fue empañada con un atentado con cócteles molotov contra la filial en Santa Cruz del canal estatal de televisión, y ataques a la oficina de Derechos Humanos y un albergue de médicos voluntarios cubanos.
