Argentina pidió ayer oficialmente ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya una medida cautelar que suspenda las obras de construcción de las pasteras Botnia y Ence en la localidad uruguaya de Fray Bentos, sobre el Río Uruguay, por considerar que el daño que ocasionarán al medio ambiente y la salud de los habitantes será grave e "irreparable".

La Argentina denunció la violación del Estatuto del Río Uruguay por parte del gobierno de Montevideo, que autorizó la instalación de dos papeleras en la ribereña ciudad de Fray Bentos.

El trámite estuvo a cargo de la jefa de la misión argentina, la consejera legal Susana Ruiz Cerutti, en tanto que horas después le tocó el turno a Uruguay para defender ante el tribunal la construcción de las pasteras que, a su juicio, no impactarán negativamente sobre el medio ambiente.

En la audiencia, Cerutti y los especialistas de la Cancillería y de la provincia de Entre Ríos advirtieron ante los 15 miembros de la Corte de La Haya de los "daños irreversibles" que el emprendimiento podría ocasionar en la salud de la población, en el turismo y en la economía de la región.

Durante tres horas, la misión argentina intentó dejar constancia que Uruguay violó el Estatuto del Río Uruguay, firmado por ambos países en 1975, al autorizar de manera unilateral la construcción de las papeleras por parte de las empresas Botnia (finlandesa) y Ence (española).

La delegación nacional adujo que Uruguay no entregó en tiempo y forma los informes sobre las obras en Fray Bentos.

A su turno expusieron los representantes uruguayos que se basaron en cuatro puntos: 1) no incumplieron el Estatuto del Río Uruguay; 2) dieron toda la información necesaria a la Argentina; 3) las plantas de pasta de celulosa en Fray Bentos no van a contaminar pues tendrán la mejor tecnología disponible; y 4) la Argentina estuvo informada de todos los pasos en el proceso de la aprobación de las plantas.

En ese sentido, Uruguay argumentó ante el tribunal internacional europeo que "no hay evidencia objetiva de daño irreparable" de las plantas de celulosa en el medio ambiente. "El impacto fue enteramente contemplado. No hay evidencia de que habrá impacto sobre las aguas del río y del ecosistema, tampoco sobre la salud", sostuvo Alan Boyle, profesor de derecho internacional y miembro del equipo uruguayo.

Al respecto, la delegación nacional sostiene y lo expondrá hoy que los mismos expertos canadienses independientes contratados por el Banco Mundial reconocieron que no existe información total sobre las plantas.

Por tanto, no se concretó lo acordado y ante las negociaciones que se empantanaron, hubo un encuentro presidencial en el 2005 entre Kirchner y Tabaré para conformar el GTAN (Grupo Técnico de Alto Nivel) que también fracaso luego de sesionar 6 meses por la falta de información ofrecida por Uruguay y las empresas.