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La dura tarea de saber qué pasó
El desprecio por normas comunales no tiene sanciones
En Bariloche hay varias causas contra ex intendentes.
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| Hay varias denuncias en contra de César Miguel y Atilio Feudal, ambos ex intendentes. |
SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- Desde mediados de los años 90 el municipio ingresó en una crónica crisis de financiamiento que evolucionó -en paralelo- con un desprecio sistemático por las normas de la buena administración.
Si bien es imposible concluir a priori que el segundo fenómeno sea consecuencia del primero, muchos actos de supuesta corrupción en los que incurrieron los intendentes de esos períodos terminaron en denuncias a la Justicia, pero en ningún caso hubo hasta ahora sentencia condenatoria.
El ex intendente César Miguel (1995/99) es quien acumula el mayor número de causas, aunque también hay varias investigaciones sobre la gestión de su sucesor Atilio Feudal (1999/2001). Algunas denuncias fueron impulsadas por el Tribunal de Cuentas, otras por el Concejo Municipal, por el Soyem y también hay presentaciones de particulares.
La demanda social por el esclarecimiento de tantos desaguisados nunca declinó del todo y emergió una vez más cuando el Encuentro de Profesionales de Bariloche llevó a la Defensoría del Pueblo su preocupación por la falta d sanciones. La Defensora, Nilda Nervi, trasladó el reclamo al STJ y por estos días los jueces y fiscales actuantes en un par de causas que terminaron con sobreseimientos están dando explicaciones por escrito.
Las dificultades para encontrar castigo a los actos de gobierno que contrarían las normativas no sólo remiten al ámbito judicial. También hay obstáculos insalvables en la instancia administrativa.
De hecho, el Tribunal de Cuentas tiene en Bariloche un campo de acción mucho más acotado que en otros municipios y casi todos los partidos políticos han planteado la necesidad de corregir ese déficit. (ver aparte).
El manejo irregular de fondos, el desvío de partidas de asignación específica, los gastos no rendidos, la retención indebida de descuentos salariales y la demora en la presentación de balances son algunos de los supuestos delitos jamás esclarecidos.
Es justo decir que en fecha más reciente hubo un cierto ordenamiento funcional en el municipio y los sueldos, por ejemplo, se pagan en término. Pero hay una constante que no se rompe: los balances siguen con un atraso considerable (el último aprobado es el de 1997) y desde 1998 las cuentas públicas se manejan sin presupuesto anual.
A esta altura el enredo de causas penales es casi imposible de pasar en limpio. Y salvo alguna excepción deta
llada más adelante, predomina la sensación de que los expedientes avanzan a paso de tortuga.
El actual asesor letrado del municipio, Manuel Vázquez, aseguró que desde que ocupa esa función (mayo de 2002) "los jueces no han hecho pericias contables ni llamaron a declarar a ningún funcionario" en el marco de esos expedientes.
También el vocal del Tribunal de Cuentas Pablo Ruberti opinó que en la investigación de los funcionarios públicos la morosidad parece ser la regla. "Yo pienso que no hay en la Justicia intención real de llegar al fondo y de juzgar a los responsables", sostuvo.
Desde la otra vereda, el juez de instrucción, Miguel Gaimaro Pozzi, se quejó de que reciben montones de denuncias mal fundamentadas y de casi imposible investigación. Consideró que lo ideal sería agotar previamente la posibilidad de sancionar las conductas irregulares en el ámbito administrativo.
El fiscal de cámara Carlos López opinó por su parte que muchas causas no prosperan porque "la omisión de presentar un balance, por ejemplo, no constituye delito, salvo que se pruebe la intención de ocultar algo".
El juez Gaimaro Pozzi fue precisamente el protagonista de un caso paradigmático. Hace casi dos años le dictó el procesamiento al ex intendente Miguel por "incumplimiento de deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos, ambos en concurso real".
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