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La dura tarea de saber qué pasó

Por si no alcanzara con las desventuras que sufren en Tribunales las causas por supuestos delitos cometidos por funcionarios del municipio, hay gestos que no ayudan en nada a su esclarecimiento.

Cuando la Cámara en lo Criminal revocó el procesamiento de César Miguel, el juez Gaimaro Pozzi decidió pedir informes al Ministerio de Economía de la provincia para saber si tenían alguna rendición de cuentas de los recursos con destino específico que el municipio recibió en aquellos años.

A las dos primeras solicitudes siguió el silencio. Recién con la tercera, que fue con un apercibimiento de iniciar una causa por desobediencia, desde Viedma le contestaron que "sobre la forma de utilización de los ATN (...), el Ministerio del Interior de la Nación no exige la rendición de los fondos, por lo que los decretos de asignación respectivos no conllevan tal obligación".

Lo curioso es que ese argumento nunca fue invocado por la defensa de Miguel. Sólo dijo que el dinero para reparar escuelas y atender otros programas específicos se había usado para pagar sueldos "porque el gobierno provincial no enviaba los fondos de coparticipación" a Bariloche, en "evidente trato discriminatorio".

Tras recibir el esclarecedor señalamiento del gobierno provincial, al juez Gaimaro Pozzi sólo le quedó dictar el "sobreseimiento total" de Miguel.

Según le dijo días atrás a "Río Negro", el magistrado considera injustas las acusaciones sobre la complicidad de la Justicia con el poder político. Admitió que "hay muchos terrenos grises" en el manejo de dinero en la función pública y cree que "esto seguirá pasando en la medida que no haya leyes más claras". Pero recordó que para ello hay un obstáculo duro de salvar: "las leyes están hechas por las mismas personas que las deben cumplir".

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