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Procesan a Jouliá y piden desafuero de Verani por la venta de regalías
El juez Juan Bernardi advirtió "varias irregularidades" en la venta anticipada de regalías en 1996, "que indican que se trató de una maniobra ardidosa para perjudicar al erario público". A Jouliá lo procesó por violación de los deberes. Reclamó el desafuero de Verani.
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| El juez Juan Bernardi entendió que una de las irregularidades es la iniciación del expediente a posteriori de la firma de los convenios. |
La Justicia rionegrina procesó al ex ministro Horacio Jouliá y pidió el desafuero del gobernador Pablo Verani, por la cesión en 1996 a una empresa privada de las regalías hidroeléctricas de Río Negro. El juez Juan Bernardi entendió que esa operación tuvo "varias irregularidades" que "indican seriamente que se trató de una maniobra ardidosa para perjudicar patrimonialmente al erario público, con el presunto beneficio económico para otros y una importante violación a las normas que imponían un procedimiento diferente" La provincia cedió esas regalías a Energy Risk por un valor por debajo del precio de mercado. El magistrado asignó a Jouliá la operación y lo procesó por "violación de los deberes de funcionario público en concurso ideal, con fraude a una administración pública por administración infiel, en calidad de partícipe".
La resolución judicial no hace referencia a posibles montos del perjuicio, pero la Comisión Legislativa estimó esa pérdida en 5.400.000 pesos.
El juez entendió que Jouliá no tuvo "el manejo, la administración o cuidado de bienes". Consideró que la cesión quedó formalizada por un decreto firmado por el gobernador Verani. Por eso, requirió a la Legislatura su desafuero para citarlo "a prestar declaración indagatoria".
La resolución se completa con citaciones a indagatorias para Eduardo Mendl -por su representación de Energy- y al ex ministro de Economía, Daniel Pastor.
En su análisis, el juez entendió que las regalías podrían haberse utilizado para garantía de préstamos financieros. Destacó que el Ejecutivo no podía venderlas y además, cualquier enajenación de bienes públicos requiere -constitucionalmente- un llamado a licitación. Además, la cesión se concretó por debajo del valor de mercado y el Estado se hizo cargos de gastos, incluyendo aquellos asesoramientos que no existieron.
La operación fue pactada en 8 millones -de los que sólo ingresaron 7,4 millones- y determinó la cesión de Río Negro de regalías desde el 1/7/96 hasta el 22/07/98. En esos casi 25 meses, "el valor de la energía neta generada mensualmente por las centrales de Alicurá y Piedra del Aguila -más la potencia puesta y ambas valorizadas en el mercado spot- acumularon la suma aproximada de 15.600.000 pesos, según la información de Cammesa", dice Bernardi. El magistrado es recurrente en exponer la participación de Jouliá. Así aporta documentación y testimonios que contradicen dichos del procesado, que negó una gran parte de su actuación y varias firmas Al analizar lo hecho por Jouliá, Bernardi afirmó que se "ha acreditado que existió perjuicio para la administración pública, asumiendo ésta costos que no le eran propios, otros que no debieron hacerse". También "ha quedado en claro la asunción de funciones ajenas a su competencia y la violación de las normas que encuadran todo contrato, negocio, venta o asistencia financiera que tuviera por parte al Estado Provincial". Lo consideró un "ejercicio ilegítimo de sus funciones, un quebrantamiento de la fidelidad que se refleja en la infracción del deber de cuidado con el patrimonio estatal".
Bernardi dijo que "la expresión, administrativa y formal de lo espúreo" se corresponde con el expediente 210022-DG-1966, del 6 de mayo de 1966, que fue iniciado en la secretaría de Estado que conducía Jouliá. Se trata de "un ámbito administrativo ajeno e incompetente al manejo de regalías hidroeléctricas. Ese expediente permite negociar una muy importante cantidad de dinero público sin ningún informe, estudio, dictamen, intervención previa de los organismos de control o de asesores del Estado".
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