Martes 12 de agosto de 2003

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Adhirió a una convención sobre los crímenes de lesa humanidad. Diputados debe tratar la anulación de la Obediencia Debida y el Punto Final.

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Kirchner estuvo ayer con Estela Carlotto, de Abuelas de Plaza de Mayo. Más tarde el ministro Beliz anunció la medida.

BUENOS AIRES.- De cara a la sesión de la Cámara de Diputados de hoy en la que se tratará la posible anulación de las leyes de amnistía, el gobierno nacional jugó fuerte y anoche adhirió a la Convención Internacional sobre la imprescriptibilidad de crímenes de guerra y lesa humanidad. La medida, anunciada por el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Beliz, es una muestra más de la dirección que sigue Néstor Kirchner en el tema militar "Verdad, justicia no impunidad que tiene que ver con el hechos pasados y los ataques a los edificios de la comunidad judía", dijo Beliz durante una conferencia de prensa en la Casa de Gobierno.

El gobierno ratificó la Convención de la Imprescriptibilidad de Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad, aprobada por la ley 24.584 en 1995 en el Congreso de la Nación, pero que necesitaba el depósito correspondiente ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) En tanto hoy los diputados intentarán postergar para el martes 19 el tratamiento de anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida El ministro de Justicia, Gustavo Beliz, hizo el anuncio anoche sobre la decisión del gobierno de adherir a la Convención de la Imprescritibilidad de Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad, que entrará en vigencia en unos 90 días, a la vez que enviará al Congreso un proyecto para que la convención tenga rango constitucional.

"No tiene que quedar ningún tipo de duda, respetando la independencia de poderes y el espíritu republicano de nuestra Constitución, de la voluntad del presidente dentro de las facultades que tiene de remover todos los obstáculos para que la Argentina realmente se produzca un elemento de verdad y de justicia", destacó Béliz en la conferencia de prensa. Agregó que esa verdad y justicia "es para que no haya impunidad frente a los episodios del pasado", como violaciones a los derechos humanos y con los atentados que han conmovido a la comunidad judía por la AMIA y la Embajada de Israel. Beliz estuvo acompañado por el secretario Legal y Técnico de la presidencia, Carlos Zannini y el de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, Eduardo Luis Duhalde, además de dirigentes de organismos de Derechos Humanos.

El ministro anunció la firma de decretos por parte del presidente, entre los cuales está el que instruye al canciller Rafael Bielsa para que ratifique ante la ONU el instrumento mencionado. Béliz hizo particular referencia al artículo tres, que pide expresamente que se facilite la extradición de autores de crímenes contra la humanidad, mientras que el cuarto se refiere a la "no" prescripción de esos delitos, como también a que en el caso que existan leyes en ese sentido "sean abolidas".

En tanto, en el ámbito parlamentario, los diputados bajarán hoy al recinto para participar de la sesión pedida hace quince días por la legisladora de Izquierda Unida, Patricia Walsh, con la idea de postergar el debate para la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida hasta el martes 19 Esta variante es impulsada por el peronismo, que todavía no ha logrado encolumnar a sus 118 diputados detrás de un mismo proyecto y que hoy a las 11 realizará una reunión de bloque para intentar conseguir una posición en común Para antes de la sesión, anunciada para las 14, también está previsto que las autoridades de los bloques peronista, radical y Frepaso se reunirán para intentar consensuar una estrategia que les permita llegar con la menor cantidad de divisiones al recinto.

Los principales referentes del peronismo y del radicalismo tienen la idea de iniciar la sesión y pasar directamente a un cuarto intermedio, sin que se realice ningún tipo de debate. "En una semana de trabajo podemos elaborar un texto que sea mucho mejor que los cuatro que hoy están dando vueltas", remarcó uno de los integrantes de la mesa de conducción del bloque justicialista A las conversaciones de hoy el peronismo llegará con un proyecto de inoponibilidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final a los delitos de genocidio y lesa humanidad y el radicalismo con uno que hace prevalecer los tratados internacionales en la materia por sobre la legislación local.

El ARI, en tanto, en su proyecto declara "insanablemente nulas por inconstitucionales" las leyes mencionadas y los decretos de indulto firmados en 1989 y 1990 durante el gobierno de Carlos Menem, como así también "toda decisión judicial dictada sobre la base de la validez" de esas leyes y decretos. (Télam/DyN)

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