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BUENOS AIRES (ABA).- "Ahora vamos por todo y no van a quedar en pie ni los indultos otorgados por (Eduardo) Duhalde. Si el Presidente (Néstor) Kirchner quiere remover el avispero que después no diga que lo trabamos, pero el costo político que lo pague él".

La frase no corresponde a un legislador de la oposición, sino a un justicialista rionegrino que -contra su conciencia- va a votar por la anulación (inoponibilidad) de las leyes de obediencia debida y punto final, alineado con el bloque que conduce José María Díaz Bancalari.

Es que a fines de la semana pasada el debate interno en el P.J fue más áspero que en el resto del arco político, que (salvo la derecha) está más cerca de apoyar la iniciativa impulsada por el Ejecutivo que el propio oficialismo.

En tal sentido, los rionegrinos del P.J Carlos Larreguy y Ovidio Zúñiga comparten que declarar la anulación o inconstitucionalidad de las normas es una función del Poder Judicial.

Larreguy consideró que hay mucha jurisprudencia que señala que los fallos dictados en virtud de las leyes del perdón hacen "cosa juzgada"; pero "como muchos insisten, habrá que ceder para que tampoco se interprete que queremos apoyar a los genocidas", agregó Larreguy.

Por su parte, Zúñiga coincidió en que en principio desde el ámbito legislativo "no estamos en condiciones de anular las leyes", además de correrse el riesgo de un "empantanamiento" mayor si los abogados de los militares piden la inconstitucionalidad de la posible ley de nulidad. El barilochense es partidario de convocar a constitucionalistas para que expongan su visión, al tiempo que considera una "ingenuidad" plantear que las leyes cuestionadas fueron dictadas bajo presión.

Desde la oposición coincide con esta argumentación el radical de la provincia de Río Negro, Jorge Pascual, quien interpreta que el Congreso "no puede estar anulando una ley que la misma institución votó".

Desde otra óptica, la diputada del mismo partido Marta Milesi aseguró que va a votar para que se anulen las normas cuestionadas. "Nunca estuve de acuerdo con esas leyes, esa era una época distinta con mucha coacción, pero esta es una etapa para resarcir la historia", afirmó Milesi.

La misma sostiene que como diputada tendrá la posibilidad para expedirse contra esas prescripciones, y la va a ejercer.

Desde otro ángulo, pero en el mismo sentido, va a pronunciarse en la Cámara baja el Movimiento Popular Neuquino. "Más que por una cuestión técnica, vamos a pedir la anulación basándonos en que la gente, (el frutero, el quiosquero, etc) hable uno con quien hable está a favor de la nulidad de esas normas". Además, señaló que la legislatura provincial -en sus diversas vertientes- sostiene idéntico criterio También en el caso del Frente Grande, el diputado Julio Acavallo va a votar por la nulidad de las leyes exculpatorias por entender que se votaron en el Congreso bajo presión. "Al tener impulso presidencial esperemos que el bloque del P.J actúe en consecuencia", agregó.

Acavallo argumentó que de todos modos la cuestión va a terminar en la Corte Suprema, dado que "seguramente las leyes que sancionen la nulidad van a recibir planteos ante la justicia". "No obstante será un hecho político fuerte y una señal para terminar con la impunidad en Argentina", subrayó.

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