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Kirchner derogó el decreto contra las extradiciones y ya hay 43 militares presos
Sólo uno de los ex represores solicitados por Garzón no pudo ser ubicado. No habrá eximición de prisión, salvo en los casos de mayores de 70 años.
Cuando apenas había pasado unas horas en el país tras regresar de EE. UU., el presidente Néstor Kirchner derogó el decreto que impedía extraditar a los ex represores argentinos acusados de violar los derechos humanos. La medida se tomó un día después de que el juez Rodolfo Canicoba Corral hizo lugar al pedido del magistrado español Baltasar Garzón y libró órdenes de detención para 45 militares y un civil a los que acusa de genocidio, terrorismo y torturas durante la última dictadura militar en Argentina.
Hasta anoche, el juez Canicoba Corral, tenía a su disposición a 43 de los buscados, entre los cuales están el ex capitán de fragata Alfredo Astiz, el intendente electo de Tucumán Antonio Domingo Bussi y los ex dictadores Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera, Armando Lambruschini, Jorge Anaya, Basilio Lami Dozo, Omar Rubens Graffigna y Luciano Benjamín Menéndez, entre otros jerarcas del último régimen militar Sólo uno de los investigados no había podido ser ubicado por la fuerza en la que revestía, mientras que se comprobó que dos de los integrantes de la nómina enviada por el juez de la Audiencia Nacional de España Baltasar Garzón habían fallecido Como la mayoría de los involucrados prestaron servicios en las Fuerzas Armadas o de seguridad, quedaron alojados en dependencias de las reparticiones a las que pertenecían, varios de ellos en el interior del país. Por su parte, el abogado Gonzalo Dalma Torres de Tolosa, el único civil que integra la lista y quien se presentó anoche espontáneamente en el juzgado- fue enviado a una sede de la Gendarmería.
Uno de los sospechosos, el prefecto Jorge Azic, intentó esta madrugada suicidarse en un bar del barrio de Retiro, pero el tiro que se disparó le destrozó parte de la cara y lo dejó en gravísimo estado. Antes de tomar su decisión, Azic había dejado una carta diciendo que ahora no iba a ocasionar más "molestias".
Por otra parte, se supo que el juez Canicoba Corral rechazará todos los pedidos de eximición de prisión que le presenten los acusados de represión requeridos por España, anticiparon fuentes tribunalicias. El magistrado únicamente contemplará los pedidos de arresto domiciliario presentados, por ejemplo, por Lambruschini y Anaya, por tener más de 70 años En un nuevo paso hacia un probable juzgamiento de los militares acusados de violar los derechos humanos, ayer se supo que el próximo 12 de agosto la Cámara de Diputados debatirá en una sesión especial la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Las medidas que tomará la Cámara Baja dependerán de la posición del oficialismo, que por ahora no está definida.
Con la derogación del decreto que creó Fernando de la Rúa, serán los jueces los que decidan, ante un pedido de extradición, si los delitos imputados a los acusados ya fueron juzgados o perdonados por dos leyes de aministía aprobadas en la década de 1980. Pero el Gobierno no podrá esquivar la responsabilidad de pronunciarse -a través de la Cancillería- sobre la cuestión cuando deba definirse las posibles extradiciones.
"En la Argentina existe la independencia de poderes" y "el tema de las extradicione está en la Justicia, que es la que debe resolverlo", dijeron los funcionarios que anunciaron en la Casa Rosada la firma del decreto.
De llegar a avalar la remisión de estas personas al exterior, la Argentina se convertirá en el primer país en Latinoamérica en permitir que ciudadanos de su propio país sean juzgados por un tribunal de otra nación por crímenes ocurridos en su propio territorio.
En el decreto 420/03, Kirchner ordenó la "obligatoriedad del trámite judicial" solicitado por la justicia española, en pro de "la mejor tradición de respeto a los derechos humanos y de equilibrado juego de la división republicana de los poderes".
Además, dice el texto, la norma ahora anulada implicaba "una seria violación a la igualdad" porque los ex represores que actuaron durante la dictadura que tienen pedido de extradición "gozarían de mejores y más extensos derechos que el resto de los ciudadanos". (Ver Puntos salientes)
Aunque el presidente ya había adelantado su intención de terminar con "la impunidad" en la Argentina, llamó la atención la rapidez con la que tomó esta medida.
Organismos de derechos humanos y familiares de desaparecidos celebraron la decisión de Kirchner, pero ahora reclaman la derogación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final para que los sospechados de estos crímenes sean juzgados en la Argentina.
Precisamente, la validez o no de esas leyes está siendo analizada por la Corte Suprema de Justicia, donde habría una reñida votación en favor de una u otra posición (DyN/Télam/Reuters)
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