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Kirchner derogó el decreto contra las extradiciones y ya hay 43 militares presos

La mayoría adhirió

-Aníbal Ibarra (jefe de Gobierno porteño): "Estoy de acuerdo con la derogación del decreto. Es clara señal del gobierno que no va a obstaculizar los pedidos de extradición ya formulados. Esto no significa ningún tipo de persecución ni a las instituciones militares ni a los propios militares. Como argentino hubiera preferido y prefiero que sean juzgados en nuestro país, pero ante la vigencia de las leyes de impunidad, la única opción que queda es la investigación y juzgamiento en otras jurisdicciones" - Luis Molinari Romero (diputado nacional-UCR): "Estoy a favor de respetar la soberanía de nuestro país en materia jurídica. El debate sobre los hechos cometidos en la Argentina se debe dar en la Argentina. Plantear la nulidad de las leyes es un error jurídico".

- Rosa Roisindlic (vicepresidente de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo): "Estamos muy conformes. Vemos que el gobierno ha tomado iniciativas adecuadas, abriendo una esperanza no sólo para los organismos de derechos humanos sino para el país en general para toda la sociedad argentina. Si podemos llegar a que se anulen las leyes de Obediencia Debida y Punto Final se terminará la mentira y la impunidad, y se podrá juzgar y condenar a los homicidas, ladrones, torturadores, los apropiadores" - Elisa Carrió, titular del ARI: "Estoy de acuerdo con la derogación del decreto de extradición, pero tiene que haber juzgamiento interno y para eso es necesaria la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final para permitir el juzgamiento de los militares responsables del genocidio". "Nosotros creemos que es necesaria la nulidad de las leyes de impunidad" - Hebe de Bonafini (titular de la Asociación Madres de Plaza de Mayo): "La medida nos parece de mucha valentía, en un momento que militares estaban protestando tanto. Es una decisión valiente y es necesaria, más allá de si finalmente los van a condenar o no".

- Jorge Rivas (diputado nacional socialista): "La derogación del decreto que cerraba el paso a la extradición de los represores argentinos no sólo es una medida justa. Es también un acto de elemental respeto por la división de poderes y por el derecho internacional".

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