Jueves 19 de julio de 2001

El índice de desempleo roza el 17 %

La resistencia en el Congreso al ajuste volvió a alimentar la crisis

La Bolsa cayó 4,2% y el riesgo país se elevó a 1.527

 

Es alto el gasto de la Justicia en la región

 

En Río Negro es 50% mayor que la media nacional.

  Mientras el Gobierno Nacional y las provincias evalúan las posibilidades existentes para recortar sus gastos haciéndose eco de la crisis por la que atraviesa el país, el Poder Judicial de la región todavía no emitió señal alguna al respecto.
Ayer, hasta la Corte Suprema de la Nación dio un claro mensaje al señalar que evalúa un recorte en sus gastos adhiriendo al "gesto patriótico" pedido por el gobierno.
Tanto en Río Negro como en Neuquén, la Justicia no adoptó posición ni generó opinión sobre alternativas para bajar el gasto: no plantearon reducción alguna sobre sus erogaciones corrientes ni se comentó la posibilidad de una poda salarial.
Cabe destacar en este sentido que los magistrados están amparados en el principio de intangibilidad sobre sus sueldos, o sea que los mismos no pueden modificarse salvo que éste sea un acto voluntario. Recientemente, el vocal del Supremo Tribunal de Justicia de Río Negro, Alberto Balladini, argumentó incertidumbre y evitó opinar sobre la actitud que tomaría el Poder Judicial frente a las exigencias de un nuevo recorte presupuestario.
Lo más llamativo de esta falta de solidaridad para con lo que pide el Ejecutivo, es que la Justicia de la región es considerada "cara" cuando se la compara con el resto de las provincias y la media nacional. Así lo confirma un reciente informe dado a conocer por el Ministerio del Interior, donde se resalta que el gasto por habitante de la Justicia rionegrina es 50% superior al de la media nacional. En Neuquén, por su parte, este gasto es 30% mayor.
Por otra parte, las estadísticas muestran que los salarios de la Justicia rionegrina son de los más elevados, tanto cuando se los compara con el promedio existente a nivel país como así también cuando esa comparación se hace con los otros poderes del Estado. Datos oficiales muestran al respecto que el sueldo promedio del Poder Judicial de Río Negro se ubica en los 3.179 pesos mensuales, valor casi cuatro veces más alto que la media que cobra un empleado del Ejecutivo (ver cuadro adjunto).
Otro dato que es importante de remarcar es que el 67% de la masa salarial de la Justicia rionegrina se ubica por encima de los 2.000 pesos por mes. En el Poder Ejecutivo, sólo el 2% del personal tiene este privilegio salarial (ver gráfico adjunto).
Las estadísticas comparativas con la Nación, o con los otros poderes, muestran en definitiva los privilegios con que hoy cuenta la Justicia rionegrina.

Neuquén, en la misma línea

El Poder Judicial de Neuquén presenta los mismos desvíos que se observan en Río Negro, pero algo más atenuados.
Se mantiene como el segmento con mejores remuneraciones dentro del Estado (ver cuadro adjunto) y maneja un presupuesto con autarquía financiera que, en la mayoría de los casos, genera un ahorro (superávit) del orden de los dos millones de dólares al año.
Los gastos corrientes se incrementaron cerca del 60% durante el período 1992/2000 y la masa salarial pasó de los 23,2 a los 34,1 millones de pesos en este mismo período.
Si bien oficialmente ninguno de los magistrados salió a opinar sobre la posibilidad de ajustar sus cuentas, trascendió que uno de los titulares del Supremo Tribunal de Justicia de Neuquén se expidió sobre la imposibilidad de poner en práctica un recorte en los salarios (que es el rubro que se lleva el 90% de los gastos corrientes de ese Poder) amparándose en "la intangibilidad que tienen nuestros haberes".
Una atribución esta, que viola toda garantía de igualdad frente a la sociedad.

Jueces y parte

Ante el recorte general de salarios de estatales nacionales y la obligación de las provincias de reducir gastos para eliminar su déficit, se replantea la defectuosa interpretación constitucional que hace del Poder Judicial un poder por sobre la Nación.
Los jueces, a quienes la Constitución asigna la función de interpretar las normas constitucionales y legales, son en definitiva jueces y parte a la hora de evaluar cláusulas que les competen. Tal el caso de la intangibilidad de sus salarios, precepto que busca evitar una coacción económica del poder político sobre algún magistrado en particular o la judicatura en general, pero que de ningún modo busca quitarles su condición de integrantes de uno de los poderes del Estado y, por ende, sujetos a la suerte general de la República.
Hoy, la crisis del país conmueve a los mercados del mundo y amenaza con arrastrar a Latinoamérica. Y los jueces argentinos no parecen dispuestos a costear ni un gramo del sacrificio que hacen los jubilados, docentes, policías, administrativos, los proveedores del Estado y que ya hicieron todos aquellos que, por el nivel de sus ingresos, pagan impuesto a las Ganancias y que tampoco generaron en forma directa la actual situación.

La Legislatura rionegrina busca fondos

VIEDMA (AV)- La Legislatura saldrá a buscar fondos de organismos financieros internacionales para solventar parte del nuevo edificio de cuatro plantas que construirá en un terreno contiguo a la sede parlamentaria.
La mayor asignación presupuestaria se sostendrá con la venta de 18 viviendas oficiales a la empresa constructora que resulte adjudicataria de la licitación prevista para setiembre próximo.
Esas viviendas destinadas al uso de los legisladores fueron construidas en la década del "60 y como consecuencia de las fallas estructurales que tienen le insumen un gasto anual superior a los 150.000 pesos entre mantenimiento, reparaciones, impuestos y personal afectado al mantenimiento.
Esto representa unos 8.300 pesos por vivienda y por año o casi 700 pesos por vivienda mensual, lo que reporta un monto superior al reconocimiento de alquiler mensual de una vivienda con destino a los legisladores del interior de la provincia. La asignación por parlamentario oscila en los 600 pesos.
En consecuencia serían entregadas como parte de pago a un valor total que rondaría los 750.000 pesos, aunque en el precio tiene un alto componente la excelente ubicación en que se encuentran.
Como el presupuesto para el edificio se fijó en 1,5 millones de pesos, se privilegiará en el concurso de precios la oferta que implique una menor diferencia con lo deberá conseguir la Legislatura como financiamiento externo, según indicaron fuentes parlamentarias.
El nuevo edificio servirá para albergar oficinas de las comisiones legislativas, biblioteca, gabinete de asesores y otras dependencias, cuyo alquiler le cuesta en estos momentos al Poder Legislativo unos 90.000 pesos anuales.
La superficie total de construcción prevista es de 1.684 metros cuadrados divididos en aproximadamente 500 metros cuadrados en cada una las tres primeras y de 200 metros cuadrados en la última planta. El proyecto cuenta con el consenso de todos los bloques parlamentarios debido a que representará la unificación de todas las áreas en un mismo lugar y un importante ahorro en los gastos de alquiler.
   
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