El fantasma de la inflación sigue mostrando preocupación. Las expectativas que se habían creado acerca de la desaceleración del ritmo de crecimiento de los precios, para este segundo semestre del año, parecieran no estar siendo convalidadas, al menos significativamente, con las estadísticas del sector privado.

Las estimaciones de las consultoras ya están pronosticando un aumento que rondaría entre un 1,6 y 1,7% para el mes de julio.

Es así que el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, ya tiene la directiva de Cristina de Kirchner de diseñar un nuevo esquema de precios para "invitar" a las empresas, especialmente alimenticias, a que lo acepten "amigablemente".

Es que el rubro alimentos y bebidas fue el que mayor aumento registró en los meses de abril, mayo y junio. El mismo ha presentado aumentos, oficiales, promedios del orden del 15% anual.

De este modo, Moreno intentará contener los precios para que los incrementos otorgados de salario mínimo vital y móvil, de las jubilaciones, de la asignación universal por hijo y los nuevos convenios salariales no se trasladen directamente a precios.

Este efecto proviene del hecho de que esos aumentos benefician a las clases con menor capacidad de ahorro, de modo que es probable que esta mayor cantidad de dinero de destine exclusivamente a una mayor demanda de bienes de consumo básicos.

Pero otra preocupación también desvela al consumidor. Aunque el Indec reconoció la suba del rubro alimentos, la tasa que muestra poco tiene que ver con el verdadero crecimiento de los precios. Algunas estimaciones privadas, como las de Economía y Regiones (E&R), mostraron un aumento aproximado del 44% anual (junio 2010 contra junio 2009) en el rubro alimentos y bebidas, un dato casi tres veces mayor al oficial.

Estas discrepancias entre las estimaciones del sector público y del sector privado comenzaron a acentuarse desde la intervención del Indec. El infograma de esta página muestra la trayectoria del Índice de Precios al Consumidor, relevado por E&R, significativamente mayor al IPC del organismo oficial.

Este mismo esquema se repite en el caso de los cálculos provinciales (ver recuadro aparte), demostrando que el aumento de precios que golpea a la ciudadanía se acerca mucho más a la realidad en el interior del país que en el Gran Buenos Aires.

Aunque el gobierno nacional sigue mostrando una inflación cercana a los dos dígitos, los acuerdos salariales firmados con los gremios, incluso aliados a los Kirchner, no son consecuentes con dicha estadística. Los convenios van desde aumentos del 21% anual, para la administración pública, al 35% para gastronómicos y el sector alimentación (ver más información en recuadro adjunto).

Estos incrementos son un reconocimiento implícito de la debilidad de la metodología utilizada por el Indec.

El Modelo a largo plazo

La inflación es un factor clave que contribuye a la incertidumbre, distorsiona los precios relativos y no propicia un ambiente óptimo para el desarrollo de inversiones de capital, aspecto importante si se desea mantener un crecimiento económico del 7% anual.

El nivel del tipo de cambio real, principal pilar del modelo K, comienza a mostrar síntomas de debilidad. Tanto la industria nacional como las economías regionales están siendo aplacadas por este atraso cambiario y por los altos niveles de inflación.

Pero aun si se decidiera por una política de devaluación de la moneda nacional, es probable que la misma esté lejos de acercar una solución. La consecuente recomposición de la competitividad, a través de una devaluación, no tendría los efectos deseados ya que toda esa mejora se trasladaría directamente a precios, impulsando la inflación y volviendo a dejar relegada la competitividad de la paridad.

Si bien es cierto que hasta el momento no existirían riesgos de una espiral inflacionaria y que la economía dirigida puede seguir ofreciendo señales positivas hasta las próximas elecciones, el aumento de precios no deja de erosionar las bases del modelo K, forzando a plantear cambios macroeconómicos importantes si el objetivo es mantener altos niveles de crecimiento.

ace varios años que las buenas noticias acerca de los índices económicos no incluyen la variable inflación. Aunque el gobierno nacional siga obstinándose, y subestimando en sus discursos las consecuencias del proceso inflacionario de nuestra economía, los indicadores de precios arremeten mes a mes profundizando la pobreza y la indigencia.

La inflación puede ser entendida como un impuesto, aplicado de manera coercitiva, y como tal se la puede clasificar como altamente regresiva, que además de atentar contra el poder adquisitivo del consumidor genera una importante redistribución negativa del ingreso. Esta redistribución castiga a los asalariados y beneficia al resto de los sectores de la economía. Entre los agraciados se encuentra el Ministro de Economía y Finanzas Públicas a la hora de cubrir los altos niveles de gasto público.

Las consecuencias se agravan si el proceso mencionado es impulsado por el rubro alimentos y bebidas, al tener en cuenta que la clase con menores recursos es la mayor consumidora de estos bienes básicos.

A pesar de todo, la disyuntiva para el gobierno está resuelta, al menos hasta las elecciones: no piensa combatir la inflación por el lado del gasto para no tener que reducir el nivel de actividad económica.