El gobierno prorrogó por un año, hasta el 31 de diciembre próximo, el régimen de incentivos a la inversión y la fabricación de bienes de capital y maquinaria agrícola. Débora Giorgi, ministra de Producción, formuló el anuncio el 6 de enero último, como si fuera un regalo de los Reyes Magos, convencida de que eso contribuirá a su "abaratamiento". Esto porque se reintegrará el 14% a los industriales locales, mediante un bono fiscal que podrá aplicarse a los pagos de los impuestos al valor agregado (IVA), a las ganancias, internos y a la ganancia mínima presunta. También se decidió la desgravación arancelaria de importaciones extra Mercosur.
La decisión fue consecuencia de los resultados anteriormente alcanzados e incluyó dos nuevas exigencias: las empresas interesadas no pueden despedir ni modificar sus planteles de personal, ni suspenderlos sin pagar los haberes, ya que si así lo hicieran se les rescindirá automáticamente el beneficio.
Además, se resolvió digitalizar la factura utilizada para calcular el beneficio y el bono en el plazo de 60 días, a fin de "transparentar y hacer más eficiente el otorgamiento del mismo".
La ministra destacó que el régimen beneficia a unas 2.000 empresas, de las cuales más del 90% son pequeñas y medianas, y abarca todo tipo de máquinas e implementos utilizados en prácticamente cualquier etapa del proceso productivo: industrial, agropecuario, minero o forestal e incluso de informática, telecomunicaciones y plantas llave en mano.
Tales anuncios demoraron en difundirse, si se tiene en cuenta que el decreto 2.316 del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) por los que se implementaron, fue suscripto por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner con fecha 30 de diciembre de 2008.
Como parte de la propaganda oficial, se resaltaron "resultados positivos", teniendo en cuenta que el incentivo ascendió a 3.967 millones de pesos desde el 2001 hasta 2008, de los cuales 2.000 millones correspondieron al período 2007-2008 (ver cuadro). Sin considerar a la maquinaria agrícola, la inversión en equipo durable de producción nacional aumentó el 236% desde 2002 hasta el 2008, inclusive, y la actividad ocupó a 65.000 personas.
Ningún funcionario pareció recordar que Mercedes Marcó del Pont, presidenta del Banco Nación Argentina (BNA), lanzó el 6 de marzo último -delante de la titular del PEN- una línea de crédito de 5.000 millones de pesos para pymes, a fin de financiar a diez años las compras de bienes de capital nacionales o importados, nuevos o usados. La tasa sería fija y del 12% anual para los primeros cinco años y del 4% de spread fijo más la Badlar desde el sexto hasta el décimo. Para la incorporación de capital de trabajo, se establecieron cinco años, al 12% anual para todo el período. Los préstamos aprobados se concederían en pesos para la inversiones de origen local, extranjeras nacionalizadas y de capital de trabajo; y en dólares para la importación de bienes nuevos.
Después, el BNA acordó con la Asociación de Industriales Metalúrgicos (ADIMRA), el 2 de diciembre pasado, instrumentar una línea que fortaleciera la competitividad de las industrias metalmecánicas, electromecánicas y electrónicas; favoreciera la fabricación nacional, las exportaciones, el empleo y la inversión, y desalentará las compras en el exterior de maquinarias, salvo que no hubiera producción nacional. La tasa de interés para financiar a los compradores locales sería el 2% anual más baja que la de los productos importados que no se hicieran en el país.
Para tener un panorama parcial sobre el significado de la actividad, corresponde tener en cuenta que la Cámara de Fabricantes de Máquinas y Equipos para la Industria (Cafmei), integrante de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina, manifestó contar con 70 socios activos y representar a más de 500 firmas sobre un total de 1.500, que ocupan a 50.000 personas en forma directa y más de 120.000 en forma indirecta. El valor bruto de esta producción nacional asciende a unos 1.500 millones de dólares anuales.
La Cafmei emite un certificado de "fabricante nacional establecido" que respalda a sus socios -y también a los potenciales- ante los clientes y autoridades, incluso del exterior, que significa que tienen capacidad para brindar servicios técnicos y mantenimientos. También proporciona asesoramiento gratuito en comercio exterior y evaluaciones para probar la sensibilidad de cada producto a fin de resguardar a las firmas nacionales de las importaciones indiscriminadas que puedan afectarlas.
A su vez, la Cámara de Industriales de Proyectos e Ingeniería de Bienes de Capital de la República Argentina (Cipibic) representa a fabricantes de bienes de producción no seriada, por ejemplo los destinados a las industrias de alimentos y bebidas, química y petroquímica, petróleo y gas, agroquímica, siderúrgica, minera, plástica, gráfica, automotriz, papelera, naval, centrales eléctricas, térmicas e hidráulica y, en general, a todas las actividades que requieran equipos pesados y semipesados. El 24 de octubre último reclamó al gobierno nacional que "implemente rápidamente acciones a los efectos de amortiguar la caída de actividad por pérdida de mercado interno y externo con la consecuente caída del empleo". Por eso, sugirió que "las acciones deberán estar guiadas por una clara definición política en la que se evidencie la importancia de este sector industrial en la consolidación del modelo productivo con inclusión social en el que la gran mayoría de los argentinos se encuentra identificada".
La misma Cipibic denunció a Débora Giorgi, cuando era secretaria de Industria de la Nación, el 3 de enero del 2001, ante la Fiscalía Nº 4 en lo Penal Económico, de la Capital Federal, a cargo de María Luz Rivas, por presuntas violaciones a las normas aduaneras y a los principios de equidad fiscal, originadas supuestamente por permitir la importación de bienes de capital con tasas preferenciales. El delito por el que se investigó a Giorgi era el de "contrabando calificado", porque entonces anuló y suspendió las resoluciones que reducían al 6% y el 3% los aranceles de importación de bienes de capital no producidos en el Mercosur, con lo que habría permitido el ingreso de líneas completas de producción con una posición arancelaria supuestamente ventajosa, cuando la normativa sólo autoriza el ingreso de bienes de capital "no producidos en el Mercosur". Los industriales argumentaron que de esa manera tales bienes pagaban un arancel del 3% cuando deberían tributar el 17%.
Miguel Ángel Fuks
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