BUENOS AIRES.- Como la última medición disponible del empleo no registrado en la Argentina llegó al 40,4% y afectaba aún a 4,55 millones de personas, el gobierno publicitó que descendió el 10% desde que Néstor Kirchner asumió la presidencia de la Nación en el 2003 y superaba el 50%.
Sin embargo, estadísticas oficiales señalaron que antes, en mayo del 2001, era del 39% y después el punto más elevado se alcanzó en octubre del 2003, con el 49,7%, luego de lo cual descendió. El objetivo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social para este 2007 es que retroceda a menos del 40%.
Cuando se lanzó el "Programa nacional de regularización del trabajo" (PNRT), el 26 de agosto de 2003, se dijo que permitiría modificar "una injusta estructura ocupacional e iniciar una política de distribución del ingreso". Ocurrió luego de que en junio y julio Kirchner dispusiera aumentos para el salario mínimo y las jubilaciones e intentara transformar el plan Jefes y jefas de hogar, a través de las obras públicas, e insistiera en el programa Manos a la obra y los subsidios al empleo privado.
La citada cartera reinstaló su presencia como "contralor de las relaciones laborales" y creó el Sistema Integral de Inspección del Trabajo y de la Seguridad Social, a fin de controlar y fiscalizar el cumplimiento de las normas ocupacionales y de la seguridad para combatir el trabajo no registrado y aplicar sanciones, si correspondían.
El "Registro de altas y bajas en materia de la seguridad social" se conformó el 30 de mayo de 2005 por la resolución 1.891, para centralizar la información a nivel federal y establecer el procedimiento para comprobar y juzgar infracciones.
Para la ejecución operativa del PNRT se incorporó y capacitó a 500 inspectores. Se encaró de manera descentralizada, por intermedio de 35 agencias territoriales del ministerio de marras y la Dirección de Inspección Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La cartera laboral coordinó y complementó tareas con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y apoyó a los organismos provinciales específicos. Convocó, además, a "empresarios responsables" y "sindicatos comprometidos" a colaborar para conseguir "un trabajo seguro, de calidad y con protección social".
Debe tenerse en cuenta que el PNRT tiende a lograr:
" la incorporación de más trabajadores al sistema único de seguridad social (SUSS), para acceder a beneficios sociales, asignaciones familiares, obras sociales para el trabajador y su familia, aguinaldo, vacaciones pagas e indemnización;
" la regularización, por parte de los empleadores, de los trabajadores cuya situación no se condice con las normas laborales vigentes;
" la disminución de la competencia desleal a partir de la baja de los costos salariales;
" la difusión de la problemática del empleo no registrado y los beneficios de la regularización, tanto para trabajadores como para empleadores.
La detección de empresas con trabajadores no registrados fue superior a la media nacional en las regiones noroeste, noreste, Cuyo y pampeana e inferior en la del centro, ciudad de Buenos Aires y sur (ver mapa). Más publicidad obtuvieron los casos de inmigrantes indocumentados descubiertos en talleres textiles ilegales en el área metropolitana en julio pasado estimaron que habría más de cinco mil, algunos de los cuales confeccionaban prendas para conocidísimas marcas y en uno para las policías Federal y bonaerense y las Fuerzas Armadas. En ellos se comprobó cualquier clase de irregularidades de funcionamiento, violaciones a las normas de seguridad e higiene y hasta el alojamiento de personas en condiciones de hacinamiento. Periódicamente, se conoció que obreros de la construcción en parecida situación fueron víctimas fatales de accidentes laborales. La Federación Argentina de la Industria del Pan y Afines reveló que el 40% de las 30.000 panaderías del país trabajaba en la informalidad en junio último.
El 80% de los trabajadores en negro relevados el año pasado tenía entre 23 y 55 años. La probabilidad de estar en esa situación era del doble en los menores de 23 que en los mayores. Y aunque afectaba a los trabajadores de todas las calificaciones, era superior para quienes no habían completado los estudios primarios (32,2%).
De acuerdo con el INDEC, entre el 2003 y el 2005 se crearon 2,5 millones de empleos, de los cuales 1,75 millones eran no registrados. En esa situación se encontraban hasta estatales.
Y eso sin olvidar lo que ocurría en el agro, con alrededor de 900.000 trabajadores (asalariados, 55%;
cuentapropistas, 36% y empleadores, 9%), y la migración de unos 350.000 "golondrinas" en épocas de cosecha a distintas provincias. El Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores fue creado en 1999 y quedó conformado en el 2002; tres años más tarde había inscripto 400.000 trabajadores y 65.000 productores.
A su vez, la AFIP calculó en julio pasado que más de 5,5 millones de personas se encontraban en una situación laboral precaria, o sea, el 35% de los 15,5 millones de ocupados. Sigue adelante con el régimen para el personal de servicio doméstico, aplicado desde el primer día del 2006, cuando estimó que había 900.000 mucamas, niñeras, cocineras, jardineros, caseros, amas de llaves, damas de compañía, mayordomos, institutrices y/o gobernantas el 94,5% en negro que por módicos aportes y contribuciones podían acceder a la obra social que eligiera cada uno y a un futuro beneficio previsional. Recientes referencias disponibles indicaron 265.000 registrados.
El empleo en negro, más allá de las consecuencias provocadas por la evasión de distintos tributos, implica remuneraciones casi el 50% más bajas que el promedio, falta de cobertura médica y de aportes jubilatorios, no reconocimiento de aguinaldo y vacaciones, posibilidad de despidos sin causa y ningún derecho a seguros de desempleo y contra riesgos laborales. La diferencia de pagos, a igual cantidad de horas trabajadas, influyó para que la baja del nivel de pobreza fuera más lenta que la de la desocupación.
El relevamiento del INDEC se efectuó cuando el desempleo retrocedió del 11,6% a mediados del 2006 al 8,5% en el segundo trimestre de este año (Kirchner reveló que en setiembre bajó al 7,7%) y subsistían más trabajadores en negro que antes de la crisis del 2001. En mayo de aquel año era del 39%; a principios de los '90, del 28%, y en los '80, del 20%.
Kirchner y Carlos Tomada, ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, firmaron el acta compromiso sobre "Responsabilidad social empresaria y trabajo decente" en setiembre último con un centenar de representantes de firmas líderes y cámaras patronales. Buscarán crear nuevos puestos, reducir la informalidad, combatir la ocupación infantil y promover el empleo juvenil.
Destacan las políticas del gobierno nacional
El desempleo y la pobreza son temas muy complejos para Carlos Tomada, ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, que continuará en el cargo ya que fue ratificado por Cristina Fernández de Kirchner, presidenta electa (antes, durante la gestión de Eduardo Duhalde, fue secretario de Trabajo). Superar tales cuestiones requiere no sólo acciones destinadas a estimular el crecimiento económico y favorecer la ocupación sino, también, otras orientadas a lograr mejor calidad de la ocupación y los salarios y regularizar el trabajo en negro. De las políticas encaradas por el gobierno nacional, Tomada destacó:
• la de inversión pública en infraestructura y vivienda, “uno de los mecanismos más rápidos, más activos y más concretos dirigidos a la recuperación de empleo formal” y
• la de recuperación del consumo interno, para lo que recomendó “dejar de hablar del salario solamente en términos de costos laborales y comprender que es dignidad del trabajador y un elemento reactivador”.
“Cuando uno dice trabajo ‘en negro’ termina neutralizando los efectos –afirmó el funcionario–. Es clandestino, ilegal, hecho por fuera de lo que dicen las normas legales y no hay excusa que lo justifique”. Y, si bien admitió que su existencia en pequeñas empresas es “casi un dato de la supervivencia”, planteó que “se sumarán a la cultura del cumplimiento en la medida en que mejore la economía en general y se vean conductas y comportamientos que ameriten que ellos también ingresen.
”El trabajo ‘en negro’ significa ‘trabajo esclavo’ y debería ser sancionado socialmente por la ley y las inspecciones, ya que significa admitir que hay gente que no tiene ningún derecho laboral”, agregó. Combatirlo es uno de los objetivos principales de su cartera, pero “no para sancionar a los empleadores sino para exigirles que cumplan las normas establecidas, que todos juguemos con las mismas reglas, que la competencia sea leal y que no haya infratrabajadores”.
Respecto del “Plan nacional de regularización del trabajo” (PNRT) dijo que se implementó en el 2003 (ver aparte), después de que “el Estado perdió el protagonismo y la calidad de la participación de las personas en el mercado laboral en los ’90, por situaciones de desocupación, inestabilidad laboral, fragmentación y precariedad”. Esto desencadenó “la masificación del trabajo informal como modalidad de inserción laboral”.
“El trabajo es un aspecto central en la vida de las personas y la creación de puestos de trabajo es la ‘prueba de fuego’ del éxito o fracaso de cualquier política”, aseveró Tomada en el foro sobre “Trabajo decente para una globalización justa”, organizado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Lisboa (Portugal), el mes pasado.
La OIT convocó al debate y al intercambio de experiencias con sectores que excedían el tripartismo para reforzar el diálogo destinado a promover la coherencia de las políticas y establecer asociaciones en pro, precisamente, del “trabajo decente”, que “debe convertirse en un objetivo global cuando se hace referencia a políticas de protección social y de mejor distribución de los ingresos”.
Tomada argumentó que “es preciso consolidar un piso de protección social por debajo del cual ningún ciudadano debería caer de acuerdo con las posibilidades de cada país”, para lo cual se requiere “la conjunción de políticas económicas e inversiones para crear empresas, trabajo y políticas sociales activas”. Sostuvo, incluso, que los mercados consideran con frecuencia que la capacidad competitiva de los países no pasa únicamente por criterios de eficiencia económica, sino también por la calidad del trabajo incorporado a bienes y servicios. Por supuesto, reconoció que “invertir en la seguridad social todavía no se convirtió en una estrategia de desarrollo ampliamente aceptada” y que, “lamentablemente, el debate político internacional sobre la protección social se ha convertido en un debate exclusivo sobre viabilidad fiscal y económica”.
La expansión del empleo registrado
La expansión del empleo registrado verificada desde el 2003 se logró en “un marco de restablecimiento de la protección a los trabajadores, reducida sensiblemente durante el régimen de convertibilidad”, según el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. La correspondiente encuesta reflejó hasta el tercer trimestre del año un crecimiento del 5,8%, destacado oficialmente como un “ciclo continuado de 56 meses de creación de empleo, sostenido fundamentalmente por el crecimiento económico que vive nuestro país y una fuerte creación de empresas” (en los últimos cuatro años, 94.000). Influyeron, asimismo, las preexistentes, que en ocasiones pasaron de pequeñas a medianas y de medianas a grandes.
La generación de puestos de trabajo permitió bajar la desocupación de más del 23% al 7,7% en setiembre y el 98,4% de los empresarios pronosticó que en los próximos meses mantendrá o aumentará sus dotaciones de personal.
Un informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) que comparó los salarios de setiembre pasado con los de diciembre del 2001 (último mes de la convertibilidad) reflejó un incremento promedio del 120,8%, en tanto la inflación oficialista trepó el 102,4%. En esa comparación, el sector registrado subió el 159,7%, casi el doble que el de trabajadores en negro, que fue del 86%, en tanto el de empleados públicos quedó en 78,9%.
La estructura del mercado de trabajo, según el tipo de actividad, fue liderada por los servicios, con el 26,3%, seguido por comercio, restaurantes y hoteles, 23,5%; industria manufacturera, 13,8%; finanzas y servicios empresarios, 10,5%; construcción, 9,2%; personal doméstico, 8%, y transporte y almacenamiento, 6,6%. Dicho crecimiento del empleo correspondió en el 36% de los casos a puestos no calificados; el 47%, a los operativos; el 12%, a los técnicos, y el 5%, a los profesionales.
La fase expansiva del empleo encontró impulso, fundamentalmente, en las contrataciones por tiempo indeterminado, es decir, en el denominado “efectivo”, que representó en el lapso indicado el 80% de los nuevos puestos. No obstante, el empleo de calidad no encontró aún su correlato en la equidad de género: dos tercios de los puestos fueron asignados a varones.
Una encuesta especial del INDEC, con la asistencia del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y el Banco Mundial, difundida en agosto pasado, demostró que en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires los más afectados eran las mujeres, los jóvenes y los independientes. El 95% de estas personas aceptaba esa relación “en forma involuntaria” y la informalidad entre los independientes superaba, en proporción, la de los asalariados o dependientes. La mayoría de los que trabajaban por cuenta propia (58%) hacía changas o tareas precarias. El resto (42%) incursionaba en ocupaciones de baja productividad.
MIGUEL ÁNGEL FUKS
