SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB)- El polémico juicio de ocupación veinteañal ganado por Rafael Boné sobre unos 200 lotes de península San Pedro, que todavía no está firme, fue denunciado ante la justicia penal en mayo de 2008 por el ex-funcionario Guillermo Olarán. El periodista y funcionario que investigó dentro del municipio la supuesta existencia de un "mercado paralelo de tierras" que facilitaba la apropiación de valiosos lotes con problemas dominiales en la zona oeste, denunció la llamativa usucapión de Boné en noviembre de 2006.
Dos años después Olarán ratificó su dichos -publicados por este diario- ante el fiscal Marcos Burgos. Si bien la investigación sobre la apropiación indebida de tierras en la ciudad no tuvo avances significativos la denuncia cobra relevancia en el caso Boné por las objeciones que pesan sobre la usucapión concedida por el juez Civil, Jorge Serra.
El magistrado le reconoció derechos sobre 200 lotes primero (40 hectáreas) y sobre otras 9 parcelas después pese a que no había demostrado actos posesorios efectivos sobre la totalidad de la tierra reclamada. El interesado no demostró la ocupación efectiva de los lotes pretendidos ni la realización de mejoras o el pago de impuestos que justifican el reconocimiento de derechos sobre un inmueble. Tampoco cumplió con la presentación del plano de mensura que demanda la tramitación de una usucapión.
El director de Catastro provincial, Cristian Muller aseguró al Bariloche2000 que la tramitación se hizo "al revés". Señaló que la justicia emitió sentencia en el 2000, sin solicitar el plano de mensura para analizar las tierras reclamadas, ya que el registro provisorio de los planos se solicitó recién en octubre de 2009.
Tanto Muller como su par del Catastro municipal enfatizaron que la inscripción de la mensura es provisoria, mientras que la subsecretaria de Gestión Urbana, Estella Arias, advirtió que "todavía no está definido el dominio a favor de esta persona" en alusión a Boné. Dos agrimensores consultados por "Río Negro" consideraron que la usucapión otorgada por Serra es "irregular" por carecer de plano aprobado y estimaron que el beneficiario no realizó antes esas tramitaciones porque "el plano y las tasas costaban una fortuna".