La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó el pedido de inconstitucionalidad que la provincia de San Luis presentó contra el decreto de creación del Fondo del Bicentenario para usar reservas federales del Banco Central para el pago de la deuda pública.

El máximo tribunal no hizo lugar al amparo, al considerar que San Luis no tiene legitimidad para actuar, pero no se pronunció sobre la legalidad del decreto 2010/09.

Los jueces Ricardo Lorenzetti, Helena Highton de Nolasco, Carmen Argibay, Juan Carlos Maqueda y Enrique Petracchi consideraron que la provincia no tiene legitimidad para representar a sus ciudadanos y que el perjuicio que dice padecer por el uso de los fondos es general y no afecta un interés directo. Altas fuentes del máximo tribunal sostuvieron, aunque la Corte no lo expresó en su resolución, que las provincias tienen el Congreso para defender a sus ciudadanos.

En el máximo tribunal explicaron que de aceptar ese argumento "las provincias podrían reclamar cualquier cosa en nombre de sus ciudadanos".