CIUDAD DE MÉXICO.- "A mí que no me den. Que me pongan donde hay", dice una frase mexicana que describe el modus operandi de la corrupción.
Cualquier sitio es bueno para estirar la mano: una esquina para un agente de tránsito, un mostrador para un burócrata o el puesto de policía, alcalde o zar antidrogas para coludirse con el narcotráfico.
Expresiones como "a ver cómo le hacemos", pronunciadas por empleados y ciudadanos, o el clásico "¿no tendrá para el chesco (refresco)?" de los policías tienen en México una sola connotación: llegó la hora del soborno, en el idioma de los sobreentendidos.
Es casi imposible instalar un medidor de luz, construir una casa, abrir una empresa o sortear un trámite menor sin que alguien haga el favor de complicarlo mucho para simplificarlo después con un poquito.
Según el Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno de Transparencia Mexicana, en el 2007 los mexicanos gastaron 27.000 millones de pesos (unos 2.450 millones de dólares al cambio de ese año) en corrupción, el 8% del ingreso familiar. El índice midió las "mordidas" (sobornos) que los mexicanos dijeron haber pagado por 35 servicios públicos, tanto operados por el gobierno como por empresas privadas. El promedio fue de 12,5 dólares.
Al margen de la corrupción simple de cada día, la administración pública y las corporaciones policiales, en especial las municipales, están infiltradas por los cárteles de las drogas o redes de tráfico de inmigrantes o extorsión.
El Ejército confiscó el 22 de septiembre en Monterrey 5,5 millones de dólares en efectivo y unos 200 sobres blancos, cerrados y etiquetados, de supuestos pagos del cártel de Los Zetas a policías, municipios y periodistas. El crimen organizado es el enemigo número uno del Estado. Con su poder de intimidación y sus grandes fajos de dinero, tiene una alta capacidad para comprar voluntades.
En el 2008 el gobierno puso en marcha la Operación Limpieza para depurar instituciones. Cayeron figuras como el zar antidrogas Noé Ramírez Mandujano y el director general de Interpol México Ricardo Gutiérrez, aún bajo proceso por colusión con el cártel del fallecido Beltrán Leyva.
También las empresas se ven afectadas por fraudes y extorsiones. "En promedio, las empresas destinan un 5% de sus ingresos anuales al pago de sobornos", dice la Encuesta de Fraude y Corrupción 2008 de la consultora KPMG de México. El sondeo, hecho entre 235 firmas, reveló que el 44% de las ellas admitió haber hecho pagos a funcionarios.
El gobierno federal y también gobiernos estatales y municipales han adoptado en los últimos años leyes de transparencia para las licitaciones, compras y otro tipo de decisiones gubernamentales. También se redujo el número de regulaciones con el objetivo de mejorar la competitividad y acotar las posibilidades de corrupción.
Según KMPG, que México tenga una de las incidencias más altas de fraudes empresariales se debe no tanto a que sea un país más corrupto que otros sino a que tiene uno de los índices de impunidad más altos. "Sólo el 1% de los crímenes cometidos son castigados", indicó. (DPA)
ANDREA SOSA CABRIOS
