CARACAS.- Antes del cambio político del presidente Hugo Chávez, en Venezuela se destituyó a un gobernante por un escándalo que involucró el manejo irregular de 17 millones de dólares. Carlos Andrés Pérez fue expulsado del poder en mayo de 1993 por desviar el dinero de una partida secreta para apoyar la seguridad de la presidenta de Nicaragua, Violeta Chamorro.
Pero en la Venezuela bolivariana, iniciada en 1999, los escándalos públicos no se airean como antes. Las denuncias siguen abundando, el dinero petrolero continúa fluyendo hacia proyectos con escaso control, pero las investigaciones no son concluyentes ni los tribunales aplican de sanciones.
Temas de gran impacto han quedado en el limbo. Por ejemplo, el Congreso dominado por el oficialismo declaró que "jamás" investigará el maletín con 800.000 dólares que fue incautado en Buenos Aires tras un vuelo organizado por la petrolera estatal PDVSA, ni el declarado soborno de la firma alemana Siemens por 18,78 millones de dólares entre 2001-2007 para ganar contratos para construir dos trenes subterráneos en el país.
Un informe del CATO Institute en Washington del 2008 alertó que los abundantes ingresos petroleros han permitido que la corrupción llegara a niveles sin precedentes. Uno de sus autores, Gustavo Coronel, un ex directivo de PDVSA, alertó sobre la "fortuna súbita de banqueros, contratistas e intermediarios" cercanos al gobierno.
Las denuncias en el gobierno de Chávez comenzaron temprano con el llamado Plan Bolívar 2000, por el que jefes militares administraron sin controles 33.000 millones de dólares bajo la bandera de un amplio operativo para atender la emergencia social.
La Contraloría admitió entonces que una gran cantidad de obras que se afirmaba habían sido realizadas no se efectuaron, aunque sí fueron cobradas. El Congreso descalificó las denuncias como una "maniobra de la oposición".
El ex gobernador del estado de Miranda Diosdado Cabello, mano derecha de Chávez, fue acusado de causar un daño patrimonial por 37,2 millones de dólares. Poco después, Chávez lo designó ministro de Obras Públicas.
Los últimos informes del contralor general, Clodosvaldo Russián, destacan la sanción contra 800 funcionarios públicos en nueve años por corrupción. Pero muchos de los sancionados son dirigentes de oposición que fueron inhabilitados para ejercer cargos públicos, como el "presidenciable" Leopoldo López o el ex candidato presidencial Manuel Rosales, exiliado en Perú.
La representante en Venezuela de Transparencia Internacional, Mercedes de Freitas, dijo que la lucha contra la corrupción en Venezuela "no es que sea difícil sino que hay poco interés" por parte del gobierno. Alertó que en el país hay poca presencia del Estado, mucho dinero en la calle, escaso control y pocos contrapesos institucionales, a lo que se suma la impunidad judicial. (DPA)
NÉSTOR ROJAS MAVARES
