El gobierno recurrió al per saltum y le pidió a la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal que intervenga directamente en las causas que analizan los decretos sobre el uso de las reservas del Banco Central y el despido de Martín Redrado, quien ayer recibió otra denuncia penal de un funcionario de la entidad que se sintió perjudicado.
En tanto, el juez de la Sala de feria de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal Carlos Grecco dejó de intervenir en la causa por la remoción de Redrado, argumentando "violencia moral" por considerarse afectado por la recusación en su contra que presentó la defensa del titular del BCRA.
Sobre el final del horario judicial, Redrado sumó la denuncia en su contra radicada por Marcos Moiseeff, gerente de Asuntos Legales del BCRA que había firmado el dictamen legal en el que se basó el Gobierno para defender el polémico uso de los fondos del Central.
Moiseeff, que estaba a cargo de los litigios del Banco Central contra terceros, fue ascendido el viernes último a subgerente de Asuntos Jurídicos durante las horas en las que Miguel Angel Pesce estuvo al frente de la entidad, pero luego fue devuelto a su viejo puesto por orden de Redrado.
Al ser consultado al respecto, el abogado de Redrado, Gregorio Badeni, señaló que "como no tienen éxito en lo Contencioso Administrativo, se acude al fuero penal para tratar de encontrar otra forma de remoción".
Por lo pronto, la decisión de la jueza María José Sarmiento de dar un trámite "sumarísimo", con carácter ordinario, a los amparos analizados frente a los decretos 2010/09 y 18/10 frustró las intenciones del Gobierno para que la Sala de feria de la Cámara resolviera en apenas 48 horas los fallos adversos en primera instancia.
Así, el gobierno reclamó un per saltum: presentó dos oficios ante la cámara pidiéndole que, por sus facultades de "superintendencia", tomara los expedientes, en lo que en los hechos constituiría saltearse una etapa del procedimiento judicial.
En ese marco, la representación de Redrado elevó a la jueza Sarmiento nuevas pruebas en la causa por la remoción del economista.
Mientras tanto, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, salió a cuestionar abiertamente a la jueza Sarmiento por haber dado, dijo, "respuestas políticas cuando en realidad debería tener respuestas judiciales" a la problemática del BCRA.
"En ningún lugar un juicio ordinario se dispone después de la medida cautelar, no existe esa situación -dijo en declaraciones radiales-. Hemos presentado cada uno de los recursos como correspondían por la apelación y si tienen que darse más contestaciones por esa vía seguiremos por esa vía. Nosotros creemos que la Justicia va a resolver las cosas como corresponde, aunque entendemos que el gesto y la actitud por parte de la jueza no es el que corresponde".
En ese sentido, desde el kirchnerismo se rumoreaba la intención de iniciarle el pedido de juicio político a la jueza Sarmiento por presunto prevaricato -es decir, dictar fallos contrarios a la ley- o parcialidad. (DyN)
