Para un país como Brasil, que pretende ser uno de los líderes del mundo, el que de repente le renuncien al presidente Luiz Inácio Lula da Silva (fascinado con su rol como uno de los personajes "más influyentes" del mundo) el ministro de Defensa, Nelson Jobim, y todos los máximos comandantes de sus Fuerzas Armadas no es bueno, porque muestra al exterior falta de estabilidad institucional. Agitones imprevistos, diría alguno. Pero acaba de suceder. Pese a que Lula rechazó de inmediato esas renuncias, tratando de que nada saliera a la luz, las razones de lo acontecido no pueden dejar de comentarse, particularmente en la Argentina.

Las renuncias aludidas ocurrieron por el grave desacuerdo de sus autores con el decreto que -repentinamente- creó en Brasil una "Comisión de la verdad" para investigar los crímenes de las décadas del 60 y del 70, cometidos durante la dictadura militar.

Los militares brasileños consideran, no sin razón, que la redacción actual de la norma es "revanchista y provocadora", no sólo porque crea una comisión investigadora con enormes poderes sino porque abre la puerta a la revisión de la ley brasileña de amnistía de 1979, que favoreció a militares y a ex guerrilleros subversivos por igual.

Como ocurrió en la Argentina, la norma impugnada luce desigual. Torcida, entonces. Porque sólo prevé investigar a una de las dos partes del conflicto, pese a que ambas cometieron, presumiblemente, crímenes de guerra durante el respectivo conflicto armado interno. Los del Estado (o sus agentes) son conocidos. Pero también los subversivos de ayer lo hicieron al violar la prohibición expresa de la Convención de Ginebra de 1949, en su artículo 3, de atentar contra civiles inocentes asesinándolos, secuestrándolos o lesionán- dolos.

Esos crímenes de guerra cometidos en conflictos armados internos son -para la referida convención- delitos de lesa humanidad cometidos en el conflicto armado interno que tuvo lugar en Brasil. Ergo, imprescriptibles. Todos ellos.

Ocurre que en Brasil, frente a la realidad argentina que (desde el revanchismo) ha creado un rincón de impunidad para los ex subversivos, no quieren que suceda allí algo parecido.

El tema es delicado, porque Dilma Ruosseff, la candidata de Lula para las elecciones del año próximo (que está muy por detrás de la oposición en las encuestas de opinión), es una ex guerrillera hoy en el poder.

Ante lo sucedido, Lula (que sostuvo "no conocer por completo" los detalles del decreto) prometió aplazar el envío del respectivo proyecto al Congreso, revisarlo y enmendar los puntos criticados para evitar que la investigación histórica termine siendo incompleta como en la Argentina, en la que se ha generado el "rincón de impunidad" que hoy existe y que seguramente será corregido cuando termine la gestión gubernamental en curso, la que le dio origen.

EMILIO J. CARDENAS

(*) Ex embajador de la Argentina ante las Naciones Unidas