La decisión del fiscal Eduardo Taiano y del fiscal de Investigaciones Administrativas, Guillermo Noailles, de no apelar el sobreseimiento de la presidenta de la Nación y su esposo -el ex presidente- abona la presunción de que, lejos de buscar la verdad sobre las finanzas público-privadas del poderoso matrimonio, la causa que tuvo a su cargo el juez Oyarbide persiguió el objetivo de clausurar cualquier indagación futura sobre el mismo tema.

De acuerdo con las normas vigentes para la investigación de sospechas de enriquecimiento ilícito, Cristina Fernández y Néstor Kirchner tienen motivos para celebrar.

Sin apelación fiscal, todo parece indicar que el caso marcha hacia un sobreseimiento definitivo, lo que tendrá como efecto que caiga sobre los hechos incluidos en la denuncia la categoría de "cosa juzgada".

La situación resulta paradójica si se la compara con la posición que la presidenta y su antecesor y esposo han tenido respecto del juzgamiento de otros casos judiciales que involucraron a personas que en el pasado ocuparon los máximos cargos de poder político en el país: las causas por violaciones a los derechos humanos cometidas por ex jefes militares y policiales durante los gobiernos de facto entre 1976 y 1983.

En aquellas causas, Kirchner, su esposa y sus juristas defendieron -y lograron- la reapertura de juicios ya concluidos, argumentando que, en materia de derechos humanos, la condición de "cosa juzgada" cede ante el interés superior de revisar la historia una vez que quienes la escribieron dejaron de ocupar lugares de poder.

Lo mismo impulsa la Convención Internacional contra la Corrupción para la investigación de casos de grave corrupción política. Por ello dispone que los países adherentes -y la Argentina lo es- dicten leyes que impidan la rápida prescripción o clausura de investigaciones que, se sabe, resultan difíciles de llevar a buen puerto cuando los investigados manejan los hilos de un país.

ALICIA MILLER