Los servicios públicos esenciales son naturalmente monopólicos. No podría haber competencia en la distribución de la electricidad o del agua. Por eso es necesario que el Estado haga una fuerte y continua regulación para garantizar la calidad de la prestación y los precios, que deben estar en equilibrio entre lo que exige esa excelencia y la capacidad de los usuarios de poder pagarlos.

En la ciudad de Neuquén (en realidad, en toda la provincia) no hay una regulación que responda a esos principios.

Lo que hizo ayer el Concejo Deliberante fue garantizar el financiamiento de los costos que tiene la cooperativa CALF.

En un sistema regulado es al revés: el prestador debe ajustarse a los costos de una empresa ideal, que contempla calidad de prestación, salarios de convenio, rentabilidad y una tarifa acorde.

Desde que Marcos Silvia asumió la presidencia de CALF, la municipalidad (que no tiene un ente regulador técnico) concedió al menos media docena de aumentos tarifarios, que permitieron ir mejorando las finanzas de la distribuidora.

En diez días la asamblea de CALF tratará el balance 2008/2009. No habrá empresa ideal para confrontar con esos números, pero de su lectura seguramente surgirán las razones por las que es preciso un aumento de esta magnitud en la ciudad.