El Senado convirtió ayer en ley la prórroga hasta fines de 2011 de la Emergencia Económica que impuso el Poder Ejecutivo como consecuencia de la crisis que el país atravesó en 2001 con la abrupta salida de la convertibilidad económica que rigió en los años 90.

La iniciativa fue sancionada con el apoyo de 38 legisladores de oficialistas y aliados contra 23 senadores del radicalismo y el grupo federal que reúne a los disidentes del PJ y los provinciales.

La ley faculta al Ejecutivo a fijar tarifas, renegociar los contratos de los servicios públicos privatizados, regular precios de la canasta básica, postergar pagos de sentencias judiciales y reordenar el sistema financiero, entro otros tópicos.

La emergencia pública fue votada por primera vez en enero de 2002 tras la salida anticipada del gobierno de Fernando de la Rúa y el estallido de la crisis económica y desde entonces ha venido siendo prorrogada todos los años.

Por el oficialismo la nueva prórroga, esta vez por dos años, fue expuesta en el recinto por el presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara, Fabián Ríos (FpV), quien argumentó a favor de extender la vigencia de la ley para continuar la renegociación de contratos con concesionarios de servicios, los planes sociales y la situación sanitaria. En contra de esa postura se manifestó el radicalismo, que a través Alfredo Martínez recordó que el Ciadi -organismo internacional para dirimir controversias de negocios- "en todas las etapas no ha aceptado la emergencia que nuestro país viene sosteniendo" por la evidente mejora macroeconómica que presenta. Por su parte, la senadora de la Coalición Cívica, María Eugenia Estenssoro, también fundamentó su voto en contra al indicar que "continuar con este tipo de políticas va a debilitar a la Argentina" y sostuvo que "estas leyes que han permitido la concentración del poder público en el Poder Ejecutivo no nos han ayudado a construir la Argentina que nosotros queremos".