VIEDMA (AV).- La fiscal Adriana Zaratiegui y el querellante Mauricio Yearson pidieron 6 años y 8 meses de prisión efectiva para el sargento de la policía Rogelio Audilio Flores, a quien consideran autor del homicidio del joven Pablo Huenteleo, ocurrido en Valcheta hace tres años. El abogado defensor, Raúl Cámpora, propuso un pena de 8 meses en suspenso o en su defecto, que se computen los 326 días que permaneció encarcelado desde el 8 de octubre de 2006 -día del crimen- hasta mediados de 2007.

El Tribunal, que en esta nueva instancia preside Jorge Bustamante, acompañado por Francisco Cerdera y Pablo Estrabou, leerá la sentencia el 19 de octubre.

El expediente regresó en agosto a la Sala B de la Cámara del Crimen, luego de que el Superior Tribunal de Justicia recalificara el hecho como "homicidio agravado por el uso de arma, en exceso de legítima defensa" (ver aparte) e hiciera lugar, parcialmente, a la casación interpuesta por el abogado defensor, Raúl Cámpora. Inicialmente la Cámara había condenado a Flores por homicidio simple a 12 años de cárcel, lo que fue revisado en el STJ.

Ayer, la fiscal insistió en sus acusaciones contra Flores, considerando como agravantes la extensión del daño causado, la juventud de Huenteleo -24 años- y las consecuencias que implica para sus hijos, que entonces tenían 3 y 5 años, la pérdida de su padre. "Flores eligió la peor alternativa, se quedó cuando Huenteleo estaba vivo y huyó cuando le disparó. No fue capaz de prestar un mínimo de auxilio", expresó. Agregó que "a pesar de que tuvo nulo entrenamiento y capacitación en el uso de armas, sabía perfectamente que sacar el arma era el último recurso, esa es la norma policial que Flores desconoció, por lo que no hay atenuantes", manifestó.

Yearson indicó que "en el restrictivo marco impuesto por el STJ (...) pido una pena de 6 años y 8 meses de cumplimiento efectivo".

Cámpora, en tanto, alegó que "es excesivo e inmotivado pedir el máximo de la pena. Se encuentra acreditado que hubo una agresión ilegítima con falta de provocación suficiente". Consideró que "el arma fue el único medio racional para ejecutar su defensa, ya que era el único elemento que proveyó el Estado para la actuación". Llamativamente, Cámpora dijo en plena audiencia que en la Comisaría solamente había fusiles FAL y ametralladoras que se usaban en "la guerra contra la subversión", denominando eufemísticamente de esa manera al genocidio de la dictadura. Culpó al Estado por no proveer de capacitación y elementos a la Policía y de no disponer de una ambulancia ni medios para atender a la víctima, que murió cuando era trasladado a San Antonio Oeste tras recibir el segundo disparo en el abdomen.